WASHINGTON. Mientras un juez federal detenía temporalmente un nuevo programa para facilitar la remoción de inmigrantes indocumentados, un municipio vecino a la capital estadounidense era escenario de una lucha entre autoridades municipales empeñadas en expulsar a indocumentados y activistas empeñados en impedirlo.

La decisión del Juez Charles Breyer, de la Corte Federal de Distrito del norte de California, de extender 10 días más una prohibición para que las autoridades migratorias implementen un programa para verificación de identi – dades en sitios de empleo, fue bien vista por grupos como la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU), que habían cuestionado el programa por ser, a su modo de ver, una carga injusta para empleadores y un acto de discriminación contra hispanos.

Paralelamente, grupos de derechos humanos y de migrantes indocumentados cuestionaron una decisión de las autoridades del Condado de Prince William, un municipio de Virginia que es un suburbio de Washington, para que la policía local verifique la situación migratoria de los hispanos con los que entre en contacto, pese a que un reporte de la Comisión local de Derechos Humanos advirtió que podría llevar a costosos litigios judiciales.

Lo cierto es que, a lo largo y ancho de EU, los indocumentados y sus aliados enfrentan más de mil 400 propuestas de leyes estatales para cerrarles el acceso a diversos beneficios desde educación hasta licencias de conducir. Enfrentan también medidas administrativas que tienen la meta de hacer una ciudad o un municipio un sitio inhóspito para migrantes sin papeles, como en los casos de Hazleton (Pennsylvania) y Avon Park (Florida), que sin embargo debieron abandonar sus muy punitivas medidas ante cuestionamientos judiciales.

Muchas de esas medidas, que implican castigar a quienes ayuden a extranjeros indocumentados, chocan con frecuencia con la Constitución estadounidense.

En este contexto, se informó que alcades texanos iniciaron una protesta silenciosa ante los planes del gobierno de EU de construir un muro en la frontera con México.

Los alcaldes en Brownsville, Del Río y El Paso le han negado el acceso, o lo han limitado en algunas partes de los terrenos de su ciudad, a los empleados del Departamento de Seguridad Nacional asignados a realizar prospecciones y otras labores previas a la construcción de la cerca, autorizada por el Congreso como un medio para detener la inmigración ilegal. (Con información de AP)

WASHINGTON. Mientras un juez federal detenía temporalmente un nuevo programa para facilitar la remoción de inmigrantes indocumentados, un municipio vecino a la capital estadounidense era escenario de una lucha entre autoridades municipales empeñadas en expulsar a indocumentados y activistas empeñados en impedirlo.

La decisión del Juez Charles Breyer, de la Corte Federal de Distrito del norte de California, de extender 10 días más una prohibición para que las autoridades migratorias implementen un programa para verificación de identi – dades en sitios de empleo, fue bien vista por grupos como la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU), que habían cuestionado el programa por ser, a su modo de ver, una carga injusta para empleadores y un acto de discriminación contra hispanos.

Paralelamente, grupos de derechos humanos y de migrantes indocumentados cuestionaron una decisión de las autoridades del Condado de Prince William, un municipio de Virginia que es un suburbio de Washington, para que la policía local verifique la situación migratoria de los hispanos con los que entre en contacto, pese a que un reporte de la Comisión local de Derechos Humanos advirtió que podría llevar a costosos litigios judiciales.

Lo cierto es que, a lo largo y ancho de EU, los indocumentados y sus aliados enfrentan más de mil 400 propuestas de leyes estatales para cerrarles el acceso a diversos beneficios desde educación hasta licencias de conducir. Enfrentan también medidas administrativas que tienen la meta de hacer una ciudad o un municipio un sitio inhóspito para migrantes sin papeles, como en los casos de Hazleton (Pennsylvania) y Avon Park (Florida), que sin embargo debieron abandonar sus muy punitivas medidas ante cuestionamientos judiciales.

Muchas de esas medidas, que implican castigar a quienes ayuden a extranjeros indocumentados, chocan con frecuencia con la Constitución estadounidense.

En este contexto, se informó que alcades texanos iniciaron una protesta silenciosa ante los planes del gobierno de EU de construir un muro en la frontera con México.

Los alcaldes en Brownsville, Del Río y El Paso le han negado el acceso, o lo han limitado en algunas partes de los terrenos de su ciudad, a los empleados del Departamento de Seguridad Nacional asignados a realizar prospecciones y otras labores previas a la construcción de la cerca, autorizada por el Congreso como un medio para detener la inmigración ilegal. (Con información de AP)