En el caso de Shaime Saidani, la niña musulmana matriculada en la escuela Annexa – Joan Puigbert de Girona, ha prevalecido el derecho de la menor a estar escolarizada sobre el cumplimiento de las normas internas del centro. El bien superior de la educación se ha impuesto a un criterio del centro, acorde, por ejemplo, con la normativa vigente en Francia pero distinto del que se aplica en el Reino Unido. En este caso, debemos formularnos unas preguntas que afectan a aspectos muy sensibles de la convivencia. ¿No tendría que existir una norma general de la Administración que regulara casos como este, sin que las escuelas, por libre, decidan sobre un tema tan delicado? ¿Hasta qué punto debe consentir la escuela laica y aconfesional un símbolo religioso tan evidente? ¿Estamos hablando del derecho de unos padres y una menor, en el caso de que su decisión sea efectivamente voluntaria, o de una puerta abierta al efecto contagio y a la consagración de un gueto educativo y social?
Ante las dudas, el diálogo. La escuela Annexa – Joan Puigbert se ha caracterizado desde sus orígenes por una apuesta decidida por la integración y contra el racismo. No estamos, pues, ante un caso de discriminación, sino ante la decisión autónoma de un claustro sobre un asunto que muy probablemente tendría que estar previsto por la Administración de manera más global y no por el arbitrio de un centro. Estamos también ante la oportunidad de reconducir el debate más allá de los límites de la anécdota, valorando en su justa medida conceptos como laicidad, multiculturalidad, respeto y derechos cívicos. Y, por encima de todo, educación. Y diálogo, mucho diálogo. Diálogo que venza a la demagogia.