La Plataforma por la Lengua reclamó ayer a la Generalitat que la futura Ley de acogida de inmigrantes, cuya aprobación se prevé para final de año, garantice el derecho y el deber de saber catalán en aras de la igualdad de oportunidades.

La Plataforma argumentó en un comunicado que el conocimiento de la lengua es un instrumento ideal para evitar la discriminación y contribuye a la inclusión social. Por ello, valoró de forma positiva que el catalán sea la lengua vehicular de la formación e información que ofrecerán los servicios de primera acogida, pero consideró que «la eficacia de la ley puede verse reducida» y es necesario «velar por el cumplimiento del derecho y el deber lingüístico de todas las personas».

El programa de formación, que podría durar un año y se hará en colaboración con administraciones locales y entidades sociales, tendrá como ejes fundamentales la lengua, el trabajo y la sociedad.Así, deberán acreditarse, con asistencia o una prueba, el nivel de catalán, informa Europa Press.

De hecho, existe un «bajo conocimiento del idioma» catalán entre las comunidades extranjeras afincadas en Cataluña. Según el Idescat, el 64,6% de los chinos no entienden el catalán, así como tampoco el 38,6% de los marroquíes, el 30,7% de los rumanos y el 21,4% de los ecuatorianos.

Además de fomentar la formación, la ley incentivará la contratación en origen. Con la nueva ley, la Conselleria de Acció Social i Ciutadanía desarrolla el artículo 138.1 del Estatut, que señala que se debe regular por ley la competencia exclusiva de acogida.Además, la Generalitat tiene prevista la creación de la Agencia de Migraciones en Cataluña y cerrar próximamente el Pacto Nacional sobre Inmigración.

Este proyecto no cuenta con el beneplácito de CiU, cuyo portavoz en el Parlament, Felip Puig, criticó ayer al Govern por preparar la ley de acogida de inmigrantes sin acordar antes el Pacto Nacional de Inmigración, que debe consensuar con la sociedad civil y los partidos de la oposición. Según Puig, se está comenzando «la casa por el tejado».

Para Puig, «no es ni correcto desde el punto de vista formal, ni lógico desde el punto de vista estructural», que el Govern «inicie sus estrategias sobre inmigración a través de la ley de acogida» sin un consenso sobre un «espacio catalán de acogida».

Puig opinó que la ley – que se deriva del nuevo Estatut – es un «intento de protagonismo del Govern y de ERC mal planteado», apostando por medidas «unilaterales» en lugar de avanzar hacia un gran pacto con todos los sectores implicados.