AITOR ALONSO a.alonso@diario-elcorreo.com

Las manos que recogen las uvas son portuguesas, magrebíes y gitanas. Euskadi se prepara para acoger durante estos días a los cerca de 4.000 temporeros en cuyos hombros recaerá la vendimia de los frutos blancos y tintos de la Rioja Alavesa, un momento crucial en el ciclo del vino, el oro negro que da lustre internacional a la comarca y que genera un negocio próximo a los 500 millones de euros. El Gobierno vasco, los sindicatos y la Inspección de Trabajo volverán a dar la batalla para acabar con las «mafias», los intermediarios que controlan a buena parte de los braceros extranjeros y que se llegan a quedar «con hasta el 50% del jornal de cada uno», denuncian las centrales UGT y CC OO y el sindicato agrario UAGA.

Octubre es mes de agitación en la Rioja Alavesa. La vendimia de las uvas blancas ha comenzado ya en las fincas bajas, las más próximas al Ebro, y se espera que la recolección se generalice a partir de hoy en lo referente a las tintas, que copan más del 90% del total de hectáreas en producción, que suman 12.775. En conjunto, se llevarán a las bodegas entre 85 y 90 millones de kilos, con los que se producirán 75 millones de litros de vinos amparados por la Denominación de Origen Rioja 100 millones de botellas. Aún es pronto para determinar la calidad de los futuros caldos, pero los controles previos hablan de que será «muy buena», destaca Domingo Rodrigo, técnico del Consejo Regulador de la denominación. Nadie espera otra cosa de las privilegiadas tierras a los pies de la sierra de Cantabria.

El romántico, tradicional y familiar negocio del vino alavés tiene un gran lunar tan conocido como difícil de erradicar. Son las «mafias», los «intermediarios», dos formas de definir un modo de contratación basado en «cesión ilegal de mano de obra», explica el jefe de la Inspección de Trabajo en Euskadi, Carlos Zapatero.

Los capataces, habitualmente de origen portugués, «controlan una o varias cuadrillas de temporeros de esta misma nacionalidad que ofrecen a los agricultores sin que estos tengan que preocuparse por otra cosa que por pagar lo pactado», explica Ana Vaquero, de UGT. El traslado, la manutención y el alojamiento de los braceros suele correr a cargo de los intermediarios, lo que da lugar en ocasiones a que sufran condiciones «infrahumanas». Los trabajadores no denuncian «por miedo a las represalias y porque es la única forma de ser empleados», agrega Javier Olabeaga, de Comisiones Obreras, lo que dificulta la actuación de la administración en su contra. Se estima que los intermediarios se quedan «con hasta el 50%» del jornal de cada temporero, que en circunstancias normales alcanza los 6,50 euros por hora, cerca de 60 euros diarios, 1.500 por la totalidad de la campaña. En cada jornada de trabajo, un temporero puede recolectar 1.500 kilos de uva.

Alojamientos

Un informe del Ararteko en 2002 ya reclamaba actuar contra estas «auténticas mafias». El Gobierno vasco, que lidera la mesa donde los agentes debaten las condiciones de la vendimia, se ha vuelto a marcar como «reto prioritario» la erradicación de esta práctica en el nuevo plan plurianual de atención a los temporeros, que arrancará en 2008 tras haberse extinguido el último (2004-2007). «No es fácil», admite el director de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura del Ejecutivo autónomo, Juan Carlos Zuloaga. «Incluso en lo casos en los que hay intermediarios, aparentemente se cumplen las normativas laborales, lo que impide actuar. Otra cosa es que lo veamos justo», matiza.

Desde hace varios años, las administraciones y el sindicato UAGA han puesto en marcha una fórmula de contratación «en origen» para luchar contra las mafias, que ha sido asumida ya como la principal «línea de trabajo» en esta materia, admite Zuloaga. Se trata de cerrar con una antelación de varios meses los contratos de trabajo entre los agricultores y las cuadrillas, bajo la supervisión de la central agraria y con garantías de pago nominal, alojamiento digno y condiciones de trabajo seguras.

Este año, 150 productores se han adherido a esta fórmula, que traerá a Euskadi cerca de medio millar de braceros «en un 90% magrebíes residentes en Andalucía», indica un portavoz de la central agraria. El albergue de Leza, con 48 plazas, y otro medio centenar de estancias que los dueños de las fincas ponen a disposición del plan serán su lugar de acogida durante el tiempo que dure el trabajo.

«No hay ’ilegales’»

La muerte de tres temporeros del Este sin contrato de trabajo ni alta en la seguridad social en la vendimia de Castilla La Mancha el último, el pasado viernes ha descubierto que la contratación de ‘ilegales’ es una realidad en esas tierras, «pero no en Euskadi», dice rotundo Zapatero, el jefe de los inspectores vascos, cuyo equipo pasa buena parte de octubre entre viñas. «No tiene nada que ver».

«No es frecuente que se detecten trabajadores que no han sido dados de alta en la Seguridad Social y sin permiso de trabajo se descubre a alguno, pero ni mucho menos es generalizado. Son casos concretos que se denuncian y se cierran con multas de hasta 6.000 euros para el empleador por cada operario en situación irregular», detalla. «No es lo habitual. El mayor problema aquí corrobora es la figura del intermediario ilegal»