El consulado de Marruecos en Canarias inició ayer la repatriación de los cadáveres de los inmigrantes marroquíes muertos el pasado día 7 cuando se ahogaron al saltar de su patera junto a la costa de Agüimes (Gran Canaria) creyendo estar en la orilla.

Los cuatro primeros cadáveres salieron en la mañana de ayer desde el aeropuerto grancanario y los cinco restantes fueron trasladados por la tarde, en el último vuelo de Iberia con destino a Madrid, según informó el vicecónsul marroquí Mustafá Hor.

El traslado de los inmigrantes ahogados se hace vía Madrid con escala en Casablanca y el destino final es el aeropuerto de Agadir, desde donde se procederá a su posterior traslado por tierra hasta sus lugares de origen en la región de Guolimine, a unos 80 kilómetros de Sidi Ifni.

Los inmigrantes marroquíes fallecidos han sido identificados como M’Bark Bassaina, El Mrabat Mohamed, M’Bark Riad, Mohamed El Harrath, El Bachir Boukhair, Ahmed Outemzgou, Ahmed Abouah, Abdellah id Bouja y Lahcen Berrouaidi.

Según fuentes del Consulado General del Reino de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria, se esperaba que los primeros cadáveres de los inmigrantes muertos llegasen a Agadir hoy, sábado, a las 18:00 horas, mientras que los últimos lo harán mañana.

Estos nueve marroquíes y un tunecino, la mitad de ellos jóvenes de entre 16 y 20 años, murieron ahogados al saltar de su patera junto a la costa de Agüimes creyendo estar en la orilla, aunque se encontraban encima de una roca rodeada de dos metros de profundidad marina.

Prisión para el patrón

Posteriormente, un juez decretó el ingreso en prisión por delitos de homicidio para el patrón de la patera, el marroquí Said F., de 26 años, quien fue detenido por la Policía entre los supervivientes de la tragedia y, tras interrogarlo, lo acusó de obligar a los inmigrantes a que se arrojaran al mar cuando la embarcación se encontraba a escasos metros de la orilla, a pesar de que algunos de ellos no sabían nadar.

Por este motivo, la Policía puso al detenido a disposición judicial acusado de diez delitos de homicidio, uno por cada uno de los fallecidos y por favorecer la inmigración ilegal, según se contempla en la Ley de Extranjería vigente.