El fiscal de Arona pide que se investigue el CIE de Hoya Fría por detención ilegal
El juez de Arona desestimó la petición de la Fiscalía para investigar si en el CIE de Hoya Fría hubo "un presunto delito de detención ilegal". La Audiencia Provincial tendrá que resolver el recurso de apelación.
El País, , 30-09-2007La Fiscalía de Arona ha solicitado al juez que abra una investigación “por un posible delito de detención ilegal” en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Tenerife, en Hoya Fría, ocurrido en el año 2006, pero el juez decano, Francisco Nelson Díaz Frías, desestima tal petición, tal y como figura en el citado documento al que ha tenido acceso EL DÍA.
Afirma el Ministerio Fiscal que la cuestión “no es baladí” y que, de no ser admitido por el juez, como realmente ha sucedido el Ministerio Público presentará recurso de apelación en la Audiencia Provincial.
Por este motivo, tendrá que ser ahora la Audiencia quien resuelva el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra ese auto, que se refiere a hechos ocurridos durante el pasado año, cuyo número de procedimiento es el 198/2006.
El documento firmado por el juez decano añade que “es evidente que si el Ministerio Público tiene noticia criminis de la posible comisión de un delito de detención ilegal respecto de alguno o algunos de los extranjeros internados en el CIE debe adoptar las medidas legales oportunas para la investigación de dichos hechos y, en su caso, la depuración de las responsabilidades oportunas ante los Tribunales de Justicia, pero sobre la base de que existan unas diligencias de investigación en trámite por dicho Ministerio Fiscal, de uno o varios casos de detención ilegal”. Coincide que en la Memoria de la Fiscalía de 2006 se denuncian también irregularidades en el CIE de Hoya Fría.
Según la Ley de Extranjería, los inmigrantes retenidos al haber entrado por lugares no habilitados sólo pueden permanecer un máximo de 40 días en los centros de internamiento.
El juez alega en su auto del pasado 6 de agosto que los órganos judiciales de Arona “tramitaron en 2006 más de 30.000 expedientes de internamiento para extranjeros”, y no puede “informar acerca de cada uno”, pues se llegaría “a una situación de colapso” de los juzgados de Arona".
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