Los registros civiles de Catalunya viven desde hace unos meses una situación límite. La avalancha de peticiones de nacionalización protagonizada por inmigrantes latinoamericanos que consiguieron papeles en la regularización masiva del año 2005 ha colapsado por completo estas oficinas y ha convertido el acceso al pasaporte español en una carrera de obs –
táculos sin final. La web del Ministerio de Justicia cifra en unos 24 meses el tiempo necesario para convertirse en español, pero en la actual situación los expertos calculan que al solicitante le esperan no menos de cinco años de calvario burocrático. Eso siempre que no se llame Ronaldinho o tenga buenos padrinos.
El alud parece haber cogido por sorpresa a las administraciones, pero era un fenómeno perfectamente predecible. Este verano se cumplen dos años de la regularización, el tiempo de residencia legal que la normativa exige a los extranjeros originarios de Latinoamérica para poder pedir la nacionalidad. Era lógico pensar que la gran mayoría cursaría la solicitud, dado que ser español solo les reporta ventajas y, además, pueden mantener el pasaporte del país de orígen.
Siguiendo esta misma lógica, es muy posible que la situación aún evolucione a peor. En septiembre del 2005, tras la regularización, 927.000 latinoamericanos figuraban como inmigrantes con papeles en el registro del Ministerio del Interior. Aunque únicamente un tercio de ellos dé un paso al frente para ser español en los próximos meses, todo el sistema administrativo saltará por los aires si no se remedia.

AUMENTO DEL 300%
Solo hay que darse un paseo por los registros civiles de L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa, Badalona y Barcelona para percatarse del colapso. En este último, el número de peticiones se ha incrementado un 300%. En la plaza del Duc de Medinaceli, cada día se concentran desde la madrugada centenares de inmigrantes , pero es imposible atenderlos a todos. Los funcionarios necesitan al menos 15 minutos por persona.
Ante esta situación, el registro de Barcelona ha acordado atender solo a los 150 primeros. Se les informa, se les entregan los papeles que deben rellenar y se les da una cita para que presenten la solicitud. ¿Saben para cuando? Hoy se están dando para febrero del 2009, dentro de un año y medio, según confirma el titular del registro civil número 2 de Barcelona, Fernando Alberdi.
Pero la presentación de los papeles es tan solo el 10% o el 20% de los trámites que requiere un expediente de nacionalización. En total, la media de espera era hasta ahora de unos tres años y medio, con casos de seis y siete. Pero el plazo medio se alargará más, como mínimo a cinco años, y no es descabellado pensar que algunos no logren el ansiado pasaporte hasta pasados ocho o nueve.
“Durante todos esos años, el inmigrante con residencia legal no puede disfrutar de su derecho a obtener la nacionalidad española simplemente por la lentitud del proceso administrativo. Esa situación ya era preocupante, pero desde el pasado agosto todo se retrasa más”, lamentaron fuentes judiciales catalanas, que culpan al Gobierno central de falta de previsión.

MÁS FUNCIONARIOS
El juez Fernando Alberdi ha optado por dejar constancia de su malestar ante los extranjeros. “En el acto de jura de la Constitución pido disculpas por los retrasos y les animo a presentar una queja por el mal funcionamiento de la Administración”, explica el titular del registro barcelonés.
En la capital catalana hay en la actualidad 20 funcionarios destinados a las nacionalizaciones y, según Alberdi, se necesitarían como mínimo 10 más, pues en sus mesas de trabajo se acumulan hasta 1.600 expedientes pendientes de tramitación. “El incremento de trabajo es inasumible”, remacha.
En los próximos días remitirá un informe detallado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y a la Conselleria de Justícia de la Generalitat, que es la encargada de proporcionar los medios humanos y materiales necesarios. Pero es consciente de que el problema va más allá de su negociado. “Todos estamos sobrecargados de trabajo: los registros, la dirección general, la policía, todos”, repite el magistrado.

JUSTÍCIA PIDE CAMBIOS
Fuentes de la Conselleria de Justícia apuntaron que el departamento estudia la posibilidad de crear una oficina externa al registro civil que atienda en primera instancia a los inmigrantes , pero advierten de que solo significaría una cierta descongestión. Los trámites oficiales se seguirían haciendo en el registro.
La conselleria considera que las únicas soluciones de verdad pasan por una reforma legislativa que haga más operativo el procedimiento y por una reorganización de los registros civiles. “No es un problema de plantilla de funcionarios”, advirtieron las mencionadas fuentes.