El trabajo ilegal viene del Este. En contra de la tendencia de la última década, en la que se han multiplicado en España los trabajadores de países no comunitarios en la economía sumergida, desde comienzos de 2005 se ha disparado la cifra de inmigrantes de la UE que no figuran inscritos en la Seguridad Social. Ya son más de 170.000 los que se encuentran en estas condiciones, cuando hace poco más de dos años no llegaban a los 20.000. Proceden en su mayoría de los nuevos socios comunitarios. La UE aporta ya 816.000 del total de 2,753 millones de inmigrantes ocupados.

Los datos de los registros de la Seguridad Social de mayo y los del segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) – las fechas más recientes que permiten analizar situaciones homogéneas en el tiempo – revelan que la cifra de inmigrantes que trabajan en la ilegalidad llega a 759.000, que es la diferencia entre los 2,753 millones estimados por el INE y los 1,896 millones de cotizantes del sistema. Ese volumen es ya casi igual al previo al proceso de regularización iniciado en febrero de 2005, cuando rebasaba los 800.000 según las mismas fuentes.

Bajan los de otros países

Pero frente a lo que está sucediendo con los comunitarios, los trabajadores procedentes de terceros países en la ilegalidad han bajado a 589.000, cuando eran 783.000 hace poco más de dos años.

Mientras una avalancha de pateras y cayucos acceden al territorio español – por el sur, el este o las islas – y acaparan la atención de los medios de comunicación, desde los países de la UE, de una forma más silenciosa, han comenzado a llegar decenas de miles de personas dispuestas a quedarse a trabajar en España con o sin contrato. Entran fundamentalmente por tierra – tren, autobús o vehículo propio – y su desembarco en la economía sumergida está acabando con la creencia generalizada de que no están legalizados porque no tienen ‘papeles’. Y es que los trabajadores comunitarios tienen libertad de circulación – no necesitan permiso de trabajo – salvo en los casos de Rumanía y Bulgaria. Y en esa estadística no se incluyen los campamentos de temporeros extranjeros que últimamente tan de actualidad se han puesto, porque la EPA sólo toma como muestra las personas residentes en hogares.

541.000 llegadas

Los países de la Unión Europea, especialmente los de las recientes ampliaciones, se han convertido en los últimos dos años en los principales suministradores de mano de obra de España. Según los datos del INE, su cifra se ha multiplicado por tres en 27 meses y ha crecido en 541.000 personas. En el mismo periodo de tiempo, los inmigrantes procedentes del resto del mundo se han incrementado desde 1,623 a 1,938 millones (315.000), lo que evidencia un frenazo en su crecimiento, pese al criticado ‘efecto llamada’ que diversas fuentes atribuyeron al último proceso de regularización.

Los datos de la EPA desvelan que el 13,5% de la población que trabaja en España procede del exterior, una cifra que ha crecido en 5,25 puntos puntos porcentuales sobre la existente en el primer trimestre de 2005. Sólo los trabajadores foráneos de la economía sumergida suponen el 3,7% de toda las fuerza laboral española.

En la Seguridad Social, el porcentaje actual de cotizantes extranjeros ocupados era del 10,3% el pasado 31 de mayo, cuando en enero de 2005 era del 6,4%. Un crecimiento espectacular que fue posible por el proceso de regularización. En el último año, los afiliados de otros países han crecido a un ritmo cercano al 8%, más del doble de la tasa del conjunto del sistema, situada en mayo en el 3,3%.