Las ‘casas patera’ se extienden por Extremadura tras la llegada de 5.000 ciudadanos del Este que quieren trabajar en la recogida de la uva No son de madera. Ni han sido construidas para cruzar el Estrecho. Pero son igual de vulnerables. Frágiles. Incluso en ruinas. Y también sobreocupadas por el mismo sueño de una tierra prometida. Son las casas patera, donde 70 rumanos se hacinan en 100 metros cuadrados.

El escenario corresponde a Santa Marta de los Barros, en Badajoz, donde viven casi 2.000 rumanos esparcidos en terrenos al aire libre y, en el mejor de los casos, apiñados en construcciones antiguas. Otros 3.000 han llegado a Extremadura en busca de un trabajo en la vendimia.

Sin espacio para moverse, conviven dos familias rumanas completas. Padres, hermanos, hijos, sobrinos, nietos… Incluso, dos embarazadas. La Policía Local contabilizó hasta 70 personas, aunque no siempre coinciden todos al mismo tiempo, ya que algunos van y vienen entre cosecha y cosecha. Ocupan una de las casas más pobladas de Extremadura. La paradoja: están en una de las regiones menos habitadas de España con 26 personas por kilómetro cuadrado.

«El problema es que nadie les alquila una vivienda», asegura Catalina García, secretaria para la Igualdad de UPA – UCE. «Es nuestra gran preocupación. No encontramos casas para esos trabajadores rumanos. Ni los ayuntamientos están por la labor. En cuanto saben que los alquileres son para rumanos, paran las negociaciones con los agricultores», añade.

Y por eso, en esta casa de Santa Marta de los Barros viven sin agua, sin luz, sin puertas, sin persianas, sin sábanas… sin comida. De cena, por la noche, hay dos kilogramos de costillas para todos. Casi toca a costilla por cabeza. Las mujeres cocinan en el patio de la casa.

De ahí, sale un humo espeso irrespirable que se cuela en la casa. En el pasillo, sin luz, no se ve más allá de un palmo. Tropiezas y pisas a personas que cruzan de habitación a habitación. Al pedir disculpas, se extrañan. «No hay que decir nada. Es normal pisarse aquí», dice con gracia Petrio Chuaris. Con 23 años, es de los pocos que sabe castellano.

Ponen la mesa – un tablero sobre unas cajas vacías de cerveza – y un par de platos con todas las costillas. Acaban con todo en tres minutos. La cena, dicen, ha estado bien. Han probado bocado todos los que están despiertos. Y eso, pocas veces ocurre. Hoy, ha habido suerte porque muchos hombres se han ido a la cama hace un rato, porque han llegado cansados de la vendimia.

De las cinco habitaciones que hay, tres ya están sobreocupadas. Quince hombres han ocupado los colchones que se reparten por cada habitación. Duermen también en el salón y el pasillo. No hay espacio para más. Ni para el silencio.

Cuando pasan junto al fuego, en el patio, se ilumina su ropa. Manchas de uva y barro. En sus manos, tierra incrustada por los cortes. En su mirada, tristeza al no conseguir su sueño. «Hemos venido a trabajar. Somos buena gente. Ganamos dinero recogiendo uva y aceituna, pero no nos alquilan una casa», explica Niculina Chuaris. Ella, la mayor, a sus 59 años, es la madre de todos. Viuda desde hace siete años, les obliga a trabajar. Ella no puede porque tiene artrosis, pero se maneja bien en las tareas del hogar. «No me queda otra, porque a esta pandilla hay que sacarla adelante», afirma.

A Niculina le gustaría volver a vivir en una casa digna con su familia. Ya lo hicieron en el mes de junio en Santa Marta de los Barros. Pero en julio, la señora de la casa les echó porque tenía miedo de que no pagaran, relata rencorosa. Les cobraban 500 euros al mes y eso fue lo que dejaron por sus primeros 30 días. Ahora, viven en una casa que ocuparon en un principio.

Esa vivienda, sin acondicionar, está siendo estudiada para ser declarada en ruinas. «Fuimos hasta allí y vimos algo tremendo. Casi a nueve personas por habitación. Y lo que es peor, es que está en ruinas. Cualquier día se cae el techo», denuncia Javier Reyes, jefe de la Policía de Santa Marta de los Barros.

La Administración regional, sindicatos y comisiones agrarias se han reunido para buscar solución al problema de las viviendas. Pero no encuentran una salida. La única vía que mantienen abierta es estudiar una iniciativa de UGT. «Proponemos crear residencias de temporeros para solucionar este problema», afirma Nereo Rodríguez, secretario de Migración, de UGT.

Cada rumano, según cuentan ellos, cobra 40 euros por jornada de 12 horas, «Siete días a la semana. No hay tiempo para el descanso porque los agricultores tienen prisa», indica Petrio. Salen a las siete de casa, en coches y furgonetas, y regresan a las siete de la tarde. «Ahora, sabemos de la picaresca de trabajar por la tarde noche. Se ha corrido el bulo de que las inspecciones de trabajo son por la mañana y los agricultores vendimian por la tarde», cuenta el jefe de la Policía municipal.

Salarios de 40 euros al día que, en esta casa sobreocupada, se transforma en un salario bruto de casi 25.000 euros al mes. De ahí, apartan para gasolina, comida y ropa para ellos y el resto, lo mandan a Rumanía, a otros familiares que, según relatan, tienen menos aún.