La asociación recuerda que este tipo de trámites pueden realizarse de forma gratuita en otro tipo de entidades

vitoria. La asociación SOS Racismo denunció ayer el intento de estafa a un joven inmigrante congoleño por parte de una empresa de asesoría alavesa que le solicitó 700 euros por adelantado para tramitar un permiso de trabajo con el que poder iniciar un contrato laboral. Representantes en Álava de esta organización hicieron público ayer este acto delictivo, y destacaron que “si se ha conseguido destapar un caso como éste es porque a buen seguro existen otros cincuenta más”, pues se trata de prácticas muy difíciles de detectar.

Fede García, representante de SOS Racismo en el territorio, recordó en este sentido que los inmigrantes que deseen obtener un permiso laboral disponen de otro tipo de entidades tanto municipales, privadas o las propias ONG, para proceder a esta tramitación, y que “en ningún caso es obligatorio pagar ninguna cantidad económica, y mucho menos por adelantado”.

En el caso concreto del que esta asociación ha tenido conocimiento, una asesoría de la capital gasteiztarra, ubicada en la calle General Álava, pidió el adelanto de dicha cantidad de dinero antes incluso de comenzar los trámites, un extremo al que el joven, de 18 años, se negó.

El portavoz en Álava de esta plataforma en defensa de los derechos de la población inmigrante recordó que este tipo de actos son “un delito contra los intereses de los trabajadores”, y anunció que, pese a que en los últimos meses no habían tenido constancia de este tipo de fraudes en la capital alavesa, procederán a denunciar estafas como ésta en cuanto tengan constancia de ello.

A raíz de este intento de estafa ocurrido en Vitoria, SOS Racismo aprovechó para denunciar las continuas trabas que la población inmigrante sufre a la hora de encontrar empleo, un hecho que motiva la aparición de empresas “dispuestas a aprovecharse de esta situación” y que estafan a estas personas mediante acciones delictivas como la que ayer hizo pública esta asociación. Sin embargo, el temor de los estafados a denunciar este tipo de actos por miedo a represalias hace “tremendamente complicada” su detección, según afirmó Fede García, quien espera que la denuncia pública de este caso sirva para que otras personas inmigrantes que residan en Vitoria estén alerta ante futuras estafas.