Los 32.874 procedimientos incoados como consecuencia de la inmigración durante el pasado año y la “excesiva movilidad” de los funcionarios de Justicia han sido las dos causas argumentadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, para justificar una lentitud en la resolución de los litigios en los juzgados canarios.

Castro Feliciano reconoció este hecho, que achaca a la “excesiva carga” de trabajo y la “inestabilidad” laboral de los funcionarios.

Durante su discurso en el acto de apertura del año judicial, Castro Feliciano reconoció que “sin duda” la lentitud de los órganos jurisdiccionales es “cierta”, pero que no se debe a la falta de rendimiento de las personas que componen las plantillas de los órganos judiciales, sino a la “excesiva carga” de trabajo que ha impuesto el fenómeno de la inmigración y la alta movilidad de los funcionarios.

El presidente aludió a “datos estadísticos fiables” que sitúan en 32.874 los procedimientos incoados en 2006 como consecuencia de la llegada de inmigrantes indocumentados a las costas canarias, de los cuales 7.535 lo hicieron en el mes de septiembre a Arona, a los que hay que añadir los que fueron registrados en otros partidos judiciales de Gran Canaria y Tenerife.

Llegada de cayucos

“La atención que los Juzgados de Instrucción han de prestar a estos inmigrantes irregulares supone, en la mayoría de las ocasiones, la paralización total del resto de la actividad jurisdiccional, salvo el servicio de guardia, con el consiguiente retraso de los procedimientos paralizados, en ocasiones, durante varias semanas, incluso meses, y el consiguiente sobreesfuerzo de todo el personal del Juzgado y de las Secciones Penales de las Audiencias Provinciales”, declaró al respecto.

Apuntó que hay que añadir la “excesiva movilidad” de los jueces, secretarios, fiscales y funcionarios de los demás Cuerpos de la Administración de Justicia que vienen destinados a Canarias.

Considera que “podrá comprenderse que el retraso en la tramitación de los procedimientos sometidos al conocimiento de nuestros órganos judiciales no viene determinado por la desidia de quienes conformamos la Administración, sino por el excesivo trabajo que hemos de soportar y por la inestabilidad de los funcionarios”.

Corte Arbitral Atlántica

Por otro lado, se mostró receptivo con el deseo de algunas organizaciones empresariales, sobre todo las Cámaras de Comercio, de abrir cauces alternativos a la resolución de litigios en este ámbito a través de la creación de una Corte Arbitral Atlántica, lo que a su juicio significa crear “un espacio común de seguridad jurídica que haga posible un clima de confianza y facilite las relaciones comerciales, cooperando con países de la costa Atlántica y de la Macaronesia”.

“En una sociedad globalizada, y en un marco de relaciones económicas, donde se implican países diferentes, con sus propios ordenamientos jurídicos, lo normal es utilizar los Tribunales propios para resolver los conflictos internos, sin perjuicio de la posibilidad real de recurrir al arbitraje como mecanismo de resolución de tales conflictos, en el que los litigios patrimoniales de gran trascendencia económica, sobre todo en el mundo de los negocios y, en especial, en los generados por el comercio internacional, suelen tener una duración excesiva para el desenvolvimiento de una sociedad desarrollada, siendo mucha veces preferible la solución arbitral, más ágil y rápida en sus resoluciones, precisamente porque están exentas de ciertos trámites que no pueden ser soslayados en un Tribunal de Justicia dependiente del Estado”, comentó al respecto el presidente del TSJC.

Castro Feliciano reconoció, por otro lado, que la tasa de pendencia (estado de un juicio que está pendiente de resolución) en nuestra Comunidad Autónoma es la más alta del Estado Español, “fundamentalmente en los órdenes jurisdiccionales civil y social”, por lo que considera que “en los futuros planes de creación de nuevas unidades judiciales se habrá de tener en cuenta este dato para reforzar los órganos que se ven más afectados por esta alta pendencia”.

“No obstante matizó la jurisdicción penal y la contencioso-administrativa tiene una tasa de pendencia inferior a la mayoría de las Comunidades Autónomas y, desde luego, por debajo de la media nacional”.

El consejero de Justicia del Gobierno canario, José Miguel Ruano, consideró ayer, con respecto a las exigencias de Castro Feliciano durante su discurso pronunciado con motivo de la apertura del año judicial, que “han sido palabras muy ajustadas a la realidad de Canarias”.

Un magistrado cubano

El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, aseguró ayer que su país no atraviesa una etapa de transición.

“En mi país las cosas marchan normalmente con la característica de que está el presidente convaleciente, pero todo marcha normalmente como seguramente sabéis”.

El magistrado cubano explicó que su país y el Gobierno canario tienen suscritos convenios de colaboración para la mejora de la Justicia en Cuba y el intercambio de profesionales.

Ferro se encontraba de visita en Canarias y los responsables de la Justicia en Canarias tuvieron la “gentileza” de invitarlo a la apertura del nuevo curso, tal y como explicó él mismo.