Para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH) la sentencia que condena al ex delegado del Gobierno del PP, Luis Vicente Moro, abre la esperanza para que se celebre el juicio por las expulsiones de menores extranjeros, una causa abierta en 1998 y que volverá a sentar en el banquillo a Moro, esta vez en compañía del ex consejero de Gobernación del PP Antonio Francia.

Un juicio que, acusan desde APDH, ha sido «boicoteado» por el juzgado de Instrucción de Ceuta, la fiscalía que «han tratado por todos los medios el archivo de la causa» y «han entorpecido el esclarecimiento de los hechos cuanto han podido», afirman en un duro comunicado de prensa. Para APDH la instrucción del caso es «vergonzosa» y «ajena totalmente al Estado de Derecho y la independencia del poder judicial frente al poder político».

APDH alerta de que este caso – sobre el que en su día se pronunció la UNESCO – está abierto desde 1998 «sin que hasta el momento se haya podido celebrar el juicio». «Es una vergüenza que un tema de vulneración de derechos pretenda ser escamoteado», lamentan.

Desde 1998

Los hechos se remontan casi diez años atrás, con el recurso interpuesta en 1998 precisamente por la asociación APDH contra el sobreseimiento de Luis Vicente Moro por la expulsión ilegal de menores extranjeros no acompañados. Unos hechos que se entrelazan con la reciente condena de Moro por la trama ideada para desprestigiar al juez Fernando Tesón. Una denuncia que estimó a recurso el magistrado de la Audiencia Sexta, de la que forma parte precisamente Fernando Tesón, cuya integridad como juez fue atacada por Luis Vicente Moro mediante informes falsos filtrados a la prensa por orden directa del ex delegado del Gobierno.

«La sentencia que condena a Moro (dos años y dos meses de prisión y doce de inhabilitación por revelación de secretos y prevaricación) reconoce las presiones e incluso actuaciones delictivas que se han producido en este caso para evitar el esclarecimiento de la verdad y la vulneración de derechos en las actuaciones llevadas a cabo en 1998», denuncian desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Paso adelante

La celebración, del juicio tras casi diez años de espera, es, para APDH, un «paso positivo» y un «aviso para navegantes». «Un paso que debemos debe alcanzar a la expulsión masiva de inmigrantes prevista en Andalucía, disfrazada de repatriaciones», acusan.