EL estudio publicado por la Fundación BBVA sobre la ‘Evolución de la población española en el siglo XX’ ofrece un retrato fehaciente de la peripecia protagonizada por los españoles a través de períodos de crisis, de guerra civil y de fuertes movimientos migratorios que, en buena medida, han sido comunes al resto de Europa. Pero, al mismo tiempo, permite destacar que es ahora cuando la sociedad española está experimentando algunos de sus más importantes cambios demográficos y sociales. Al comienzo del siglo XXI, España no sólo ha multiplicado por dos su número de habitantes de 1.900, pasando de 18 millones y medio a más de 44. Además, esa población ha tendido a concentrarse en torno a las grandes áreas urbanas que son, también, las que atraen a la inmigración reciente.

La inversión de la pirámide de edad constituye otro rasgo característico de la evolución poblacional, paliada en los últimos años por aquellos que, llegados de otros países, rejuvenecen una sociedad envejecida. Y ha sido también en estos últimos años cuando una tasa de actividad sin precedentes – del 58,86% en el segundo trimestre del presente año – ha reflejado fielmente el crecimiento económico experimentado por España.

El envejecimiento de la población por un lado, y su concentración en torno a las grandes ciudades y el litoral mediterráneo, son dos factores que condicionan sobremanera la evolución futura de España. La inmigración de la última década ha contrarrestado los efectos del acusado retraimiento de la natalidad a partir de 1980. Pero la perspectiva de que para cuando termine el año los inmigrantes pueden representar el 10% de los residentes en España tampoco permite soslayar los problemas derivados del envejecimiento poblacional. La leve recuperación de la natalidad, propiciada sin duda por las expectativas económicas, demanda de los poderes públicos no tanto el desarrollo de planes pronatalistas al uso, poco adecuados para una sociedad abierta, sino medidas que favorezcan realmente la libre decisión de procrear.

Por su parte, el fuerte desequilibrio territorial generado por la concentración de habitantes en áreas que ya anteriormente ofrecían una alta densidad de población plantea a las instituciones la disyuntiva entre el esfuerzo requerido para brindar cauces de desarrollo y bienestar a las áreas menos pobladas de España – especialmente en comunidades autónomas como Extremadura, Castilla y León, Castilla – La Mancha o Aragón – y la inexorable evidencia de que el crecimiento económico se produce en torno a las grandes ciudades.

Tal disyuntiva no puede ser zanjada mediante soluciones salomónicas o voluntaristas, que cierren los ojos a una realidad común a cualquier parte del planeta. Puesto que son las ciudades grandes o medianas, más que las regiones, los polos que hacen posible el desarrollo, sería conveniente orientar los esfuerzos públicos a racionalizar las áreas que ya ofrecen esa masa crítica de población.