El fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, aseguró en la ceremonia de apertura del año judicial que es «imprescindible» reforzar los medios de la Justicia para luchar contra la corrupción, «un auténtico cáncer social». Aseguró que, junto a la inmigración, el fenómeno es actualmente el principal problema de Canarias. Garrido señaló que la actividad judicial y fiscal en las islas estuvo marcada el pasado año por «dos fenómenos de gran importancia y repercusión: la inmigración ilegal y la corrupción», y apuntó, en referencia a esta última, que es un «auténtico cáncer social, que produce graves deterioros en las relaciones sociales y políticas hasta llegar a producir, cuando el mal está muy extendido, la paralización de la propia comunidad».

«Bien es cierto que la corrupción no presenta el mismo nivel de gravedad en todos los casos», matizó durante su discurso, «sin embargo, se trata de una forma muy perniciosa de administrar los recursos públicos, que puede llegar a extenderse de tal manera que ninguno de los miembros de una sociedad pueda funcionar si verse afectado por sus consecuencias».

Añadió el fiscal jefe que siendo la corrupción «una de las lacras sociales más importantes de nuestro tiempo, los medios empleados para combatirla resultan a veces insuficientes e ineficaces para lograr un adecuado control de las actividades fraudulentas. Por ello», continuó, «es imprescindible complementar los medios personales y materiales mediante la colaboración de órganos especializados».

El fiscal jefe añadió que la actuación del fiscal contra «la corrupción y el denominado crimen organizado» debe seguir siendo decidida, enérgica y contundente, sin escatimar ninguno de los recursos puestos a nuestra disposición, toda vez que la misma tiene perfiles específicos que la dotan de especial peligrosidad».

Las palabras de Garrido abrieron el solemne acto institucional que con motivo del inicio del año judicial 2007 – 2008 se celebró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La ceremonia estuvo presidida por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En el palco de honor de las autoridades invitadas se encontraba el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el presidente del Parlamento, Antonio Castro Cordobez, y el delegado del Gobierno, José Segura. Rivero rehusó hacer declaraciones a los periodistas al finalizar la ceremonia.

Castro Feliciano.

Garrido precedió en la palabra al organizador del acto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Castro Feliciano, que destacó en su discurso el fenómeno de la inmigración ilegal, tanto como un drama humano como uno de los principales problemas del funcionamiento de la Justicia en las islas.

El magistrado recordó a la audiencia que durante el año pasado se incoaron en las islas 32.874 procedimientos como consecuencia de la llegada de inmigrantes indocumentados, y subrayó que la atención que los juzgados tienen que prestar a estos inmigrantes irregulares «supone, en la mayoría de las ocasiones, la paralización total del resto de la actividad jurisdiccional, salvo el juzgado de guarida, con el consiguiente retraso de los procedimientos, paralizados, en ocasiones, durante varias semanas, incluso meses».