Cada vez más condados de Georgia avalan medidas para contrarrestar la presencia de inmigrantes en su área.

Como medida para frenar el flujo de indocumentados hacia sus territorios, varios condados de Georgia han tomado en sus manos el tema de la inmigración y han creado ordenanzas para mantenerlos alejados.

Primero fue Cherokee el que aprobó normativas locales para que los propietarios de viviendas y complejos de apartamentos dejaran de rentar a personas que no pudieran demostrar su estadía legal en Estados Unidos.

Ahora, el condado de Cobb (al noroeste de Atlanta) autorizó un programa para que sus cuerpos policiales trabajen en conjunto con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para verificar el estatus migratorio y deportar a toda persona indocumentada que sea arrestada por haber violado la ley.

Cobb es uno de los condados que hasta 2006 presentaba alta población de origen hispano, muchos de ellos sin documentos legales. La necesidad hace que estos indocumentados manejen a diario hacia sus trabajos sin un permiso, una falta suficiente para que los agentes de la Oficina del Alguacil inicien el proceso de deportación, porque los conductores han quebrantado la ley.
Reportes para el ICE

A finales del año pasado, Neil Warren, alguacil de Cobb, firmó un acuerdo con el ICE para empezar a indagar sobre el estatus migratorio de los extranjeros que sean arrestados.

A raíz de ello, los agentes policiales podrán comparar huellas dactilares con la base de datos del ICE y reportar de inmediato a todo el que esté en EUA indocumentado.

Según Warren, hasta el mes pasado del total de extranjeros detenidos (384), al menos 69 fueron puestos a la orden del ICE. Aclara que la mayoría cometió crímenes como violación, robo a mano armada y tráfico de drogas. El objetivo es reducir el crimen. Debemos saber quién entra y sale de nuestras cárceles, dijo el alguacil.

Sin embargo, el funcionario reconoce que también hubo algunos que solamente fueron sorprendidos conduciendo sin el respectivo permiso. Como el caso de la salvadoreña Sandra Martínez, de 23 años, quien tuvo un accidente de tránsito y cuando llegó la Policía fue arrestada por carecer de licencia y posteriormente entregada a Inmigración por ser indocumentada.

Las atribuciones migratorias de la Policía también afectan las actividades comerciales.

El empresario salvadoreño Moris Arteaga asegura que esto le ha ocasionado pérdidas considerables en el restaurante que tiene en el condado de Cobb, ya que muchas veces la presencia de clientes es escasa a raíz de la persecución policial que comenzó a darse a principio de este año.

Han caído (presos) muchos clientes, amigos y hasta empleados, porque los han agarrado manejando sin licencia, manifestó.