La abogada acusada de haber estafado a más de un centenar de inmigrantes entre 2003 y 2004, prometiéndoles regularizar su situación mediante gestiones administrativas que siempre resultaban infructuosas, declaró ayer en la Audiencia de Bilbao que sus clientes estaban avisados de que los expedientes podían acabar de forma «positiva o negativa». Durante el juicio, que arrancó con el interrogatorio de la procesada, P.J. G., el fiscal y la acusación particular la responsabilizaron de haber engañado a los extranjeros, diciéndoles que ya eran ‘legales’ cuando tan sólo habían tra- mitado una solicitud en la Policía o en la Seguridad Social.

El ministerio público solicita ocho años de cárcel para la letrada, una multa de 7.500 euros y la devolución del dinero cobrado. Por su parte, la acusación particular que ejerce SOS Racismo en nombre de dos inmigrantes reclama doce años de prisión, quince de inhabilitación profesional, 36.000 euros de multa, el reintegro de lo cobrado a esos dos trabajadores y 1.000 euros para cada uno por daños morales.

La defensa mantuvo que se han producido irregularidades en el procedimiento, pues de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los extranjeros tendrían que participar en los casos penales por la vía de la querella y poniendo una fianza. Sin embargo, este caso lo pusieron en marcha medio centenar de ‘sin papeles’ que presentaron denuncias en Pamplona.

El fiscal respondió que toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva.Y añadió que la Ley de Extranjería faculta a los inmigrantes a declarar como testigos sobre delitos de los que han sido víctimas. Tras una breve deliberación, el tribunal decidió esperar a la sentencia para dilucidar ese debate.

Papeleo completo

Aunque la presunta estafa se destapó en la capital navarra, el juicio se celebra en Bilbao porque la acusada tiene despacho en la capital vizcaína y fue allí donde ocurrieron los hechos. La investigación ha determinado que, por lo menos, hay 127 personas perjudicadas.

La abogada aseguró ayer que cobraba 600 euros de media por el papeleo completo para regularizar a un inmigrante, incluidos los recursos ante la Subdelegación del Gobierno. De acuerdo con su versión, los ‘sin papeles’ reunían los documentos y ella les acompañaba unas veces a solicitar el permiso de trabajo y, cuando esa vía estaba agotada, a pedir la exención de visado. «La funcionaria les informaba», afirmó.

La procesada agregó que, en realidad, su propósito era abrir los expedientes antes del 22 de diciembre de 2003, fecha en que se endurecía la Ley de Extranjería. De ese modo, aunque faltaran documentos, se evitaba la expulsión automática y el inmigrante ganaba tiempo. P.J.G. aseguró haber escuchado «entre compañeros» que la Subdelegación del Gobierno en Navarra había dejado de tramitar solicitudes, lo que, de acuerdo con su versión, explicaría que los ‘sin papeles’ acudieran a Vizcaya.

No obstante, SOS Racismo la acusa de engañar sin más a los extran- jeros, utilizando incluso «recortes de periódico» sobre las nuevas restricciones legales y asegurando que era posible regularizarse en Bilbao. Según la acusación, la abogada reunía a decenas de extranjeros de madrugada en un solo día para llevarlos a primera hora a las dependencias administrativas con la docu- mentación. La ONG sostiene que amenazaba a quien no pagaba.

Los cincuenta inmigrantes que denunciaron su caso son hoy ‘legales’, según SOS Racismo. El atentado del 11-M provocó un cambio de Gobierno en 2004 y pudieron regularizarse al año siguiente. Ahora reclaman el dinero que les cobraron por los expedientes rechazados.