Lleida. El fiscal solicita diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para el ex subdelegado del Gobierno en Lleida Joan Barios y otros tres ex altos cargos del PP, por un presunto delito de prevaricación en la tramitación de expedientes de regularización de inmigrantes.

El juicio contra el ex subdelegado Joan Barios; el ex jefe de la oficina de extranjería de Lleida, Jose María Vieites; el ex asesor de Barios, Salvador Puy; y el ex director del ministerio de Trabajo en Lleida, Lorenzo Echarri, comenzó ayer en el Audiencia de Lleida. El ministerio fiscal pide también cuatro años de prisión para Vieites, por un delito de falsificación.

Los cuatro ex altos cargos del PP comparten el banquillo de los acusados con otros cuatro personas acusadas de un delito de estafa.

Dos de estos cuatro acusados, Fernando Canalejo y Cristiane Da Silva, negaron durante su declaración ante el juez instructor del caso que hubiesen utilizado sus contactos con altos cargos del PP en la provincia para tramitar permisos de trabajo y residencia a inmigrantes a los que cobraban por prestarles tales servicios.

En su declaración, Canalejo admitió ayer conocer a Vieites con quien, ha dicho, coincidía “regularmente” pero “sin hablar nunca de permisos de trabajo”. Da Silva, que es la compañera sentimental de Canalejo, ha negado que ella o su compañero solicitasen dinero a inmigrantes por “agilizar la tramitación de permisos de residencia”.

se cuestiona al fiscal Se da la circunstancia de que la compañera sentimental de Canalejo niega, además, haber conseguido regularizar su situación en el Estado español gracias a la intervención del propio Vieites.

Con ello, cuestiona la acusación del fiscal, que cree que el permiso de Da Silva se tramitó fuera de plazo gracias, precisamente, a Vieites, que habría cambiado la fecha para poder cursarlo. El juicio durará previsiblemente toda la semana, ya que deben declarar una cincuentena de testigos. >efe