La presunta trama de corrupción entre los años 2001 y 2003 en la Oficina Única de Extranjería de Lleida, en la que supuestamente se vieron involucrados centenares de inmigrantes, llegó ayer a la Audiencia Provincial leridana. Entre los ocho acusados, comparecieron ante el tribunal cuatro exaltos cargos locales del PP, que se enfrentan a 10 años de inhabilitación cada uno por un presunto delito de prevaricación.
Para el jefe del organismo, José María Vieites, la Fiscalía solicita además una condena de cuatro años de cárcel y 1.200 euros de multa por falsedad documental. Además de Vieites, están acusados Joan Barios, responsable de la subdelegación del Gobierno entre 1996 y 2004; Salvador Puy, asesor del subdelegado, y Lorenzo Echarri, delegado del Ministerio de Trabajo.
También Fernando Canalejo, teórico cerebro de la trama, y su compañera sentimental, la brasileña Cristiane da Silva, se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión, en este caso por un delito de estafa. Junto a ellos, se sientan en el banquillo de los acusados Antonio Amador y la georgiana Rosudan Jotivari, presuntos cómplices suyos.

PROPINAS DE 7.000 EUROS
La primera jornada de la vista oral se cerró con la confesión del principal sospechoso, Fernando Canalejo, de haber percibido dinero de manos de sus presuntas víctimas. “Eran pequeñas propinas”, alegó el acusado, con antecedentes policiales por estafa. El hombre reconoció que contactaba con inmigrantes y les ofrecía acelerar la tramitación de permisos a cambio de diferentes cantidades. Según las denuncias recogidas por la Fiscalía, en algunos casos llegó a cobrar hasta 7.000 euros por gestionar la documentación de una sola persona.
El jefe de la Oficina de Extranjería, José María Vieites, insistió en desvincularse de los hechos. “No era yo quien firmaba los expedientes, sino la jefa de sección y, en última instancia, el subdelegado”, afirmó. Barios negó rotundamente que él conociera ningún tipo de irregularidad y aseguró que los casos relacionados con Extranjería los derivaba a Vieites. El juicio, al que están citados más de 50 testigos, durará toda la semana, según las previsiones.