La fiscalía solicita para la letrada ocho años de cárcel y una multa de 7.500 euros

bilbao. Una duda recorría ayer la sala de vistas de la sección segunda de la Audiencia Nacional: ¿Por qué decenas de inmigrantes residentes en Nafarroa se desplazaron hasta Bilbao para tramitar desde allí los papeles de regularización? El fiscal obvió esta pregunta y la acusación, que sí la planteó, no pudo recibir respuesta porque la acusada se negó a responderle. Evidentemente, el abogado de la acusada, la letrada Pilar Jiménez Gayubo, tampoco se lo preguntó. Su clienta se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y una multa de 7.500 euros. En lo que Jiménez sí hizo hincapié es que ella jamás “prometía” a los inmigrantes los papeles , “les avisaba a todos, o casi todos, de que la resolución de la administración podía ser negativa”.

Esta letrada está acusada de una estafa continuada a 127 inmigrantes, a los que cobraba cerca de 600 euros por unos trámites que estaban abocados al fracaso, según SOS Racismo. La asociación, a la que acudieron los afectados, sospecha que el número de afectados es aun mayor.

La mañana de ayer estuvo dedicada íntegramente a la declaración de la acusada, que vistió con toga. Jiménez no tuvo inconveniente en acusar a la Subdelegación del Gobierno español en Nafarroa de que “había cerrado el cupo” de las solicitudes de regularización, antes de que llegara la fecha límite para entregarlas. "Era algo que se rumoreaba entre los compañeros – letrados – , aunque jamás en el despacho – con los clientes – ". Este fue el único indicio que dio en toda la mañana para explicar que quizá, por unos supuestos rumores entre profesionales que habrían llegado a la calle, decenas de extranjeros residentes en Nafarroa se desplazaron a Bizkaia para tramitar desde allí sus papeles.

Jiménez confirmó que desde 1993 se dedica “casi en exclusiva” a temas de extranjería y que se sacó la plaza, en el turno de oficio del Colegio de Abogados, “sin examen”, ya que según dijo demostró su valía “por méritos”. Con estas palabras defendió la profesionalidad de su despacho y sugirió un plagio de los documentos: “Estas solicitudes se han escrito con ordenador, lo puede hacer cualquiera si tiene el original”.

señuelo De este modo quiso desdecirse del asunto que la ha llevado al banquillo de los acusados y para la que la acusación particular, ejercida por Luis Fernández, eleva la petición del ministerio fiscal a 12 años de prisión y 36.000 euros de multa. El abogado insinuó en su tanda de preguntas mudas – a las que Jiménez no respondió, tal y como la ampara el derecho procesal – que la imputada prometía legalizar la situación de sus clientes a cambio de 600 euros. Sin embargo, no fue así.

Según la acusación, como reclamo utilizaba un recorte de un artículo de prensa sobre el proceso de regularización en Bizkaia y cumplimentaba la solicitud señalando casillas incorrectas, a sabiendas de que sus clientes jamás lograrían los papeles . Incluso cobró por seguir con las gestiones cuando el plazo ya había expirado, el 22 de diciembre de 2003.

Jiménez reconoció que recibía los 600 euros a través de una cuenta corriente, que estaba a nombre de su madre, y que les cobraba “por hacerles todo, desde asesorarles, rellenarles los formularios y acompañarles a hacer cola”. “Todos ellos me decían que eran de aquí, ninguno me enseñó un padrón, ni de Bilbao ni de Cuenca, donde algunos se fueron después a trabajar, porque la administración no lo exigía en ese momento del proceso”, añadió en su defensa.

Varios meses después, algunos inmigrantes acudieron a SOS Racismo al darse cuenta de que su situación seguía sin resolverse, ya que la administración rechazó las solicitudes formuladas por la imputada. “Esperamos una sentencia condenatoria porque los hechos son gravísimos, esta letrada se aprovechó de unas personas que se encontraban en situación irregular pidiéndoles 600 euros, lo que para algunos era más de su salario”, indicó Fernández.

Los recovecos legales han querido que la acusación particular sólo pueda representar a dos de los afectados, debido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no permite la defensa pública de los extranjeros en asuntos que no atenten directamente contra su persona o bienes. Así lo expuso el abogado de la imputada, Javier Beramendi, aunque los magistrados de la sala optaron por permitir a la fiscalía hacerse cargo de la defensa de todos los afectados. Fue el primer intento de Beramendi para allanar el camino hacia una pena menor para su clienta. El juicio continúa hoy con la declaración de los afectados.