20 años han tenido que transcurrir para que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara el pasado 13 de septiembre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas amparando tanto los derechos individuales como colectivos de unos 370 millones de personas en todo el mundo, que no casualmente forman parte del colectivo humano con más carencias en materia de salud, educación y empleo. Aparte de sufrir la marginación de su propia cultura, identidad e idioma.
Eso sí, se han desmarcado de la aprobación de esta Declaración Universal votando en contra de la misma tanto EE.UU. (nada extraño a la vista de su actual Administración) como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, abanderados estos últimos de todas las iniciativas habidas y por haber en cuanto a la protección del medio ambiente y derechos de los animales (los irracionales). Hipócritas todos ellos que con sus campañas conservacionistas ocultan turbios intereses comerciales mientras tienen a sus minorias indígenas sumidas en la miseria social y al abandono de las drogas y el alcohol.
No parece casual que los gobernantes de estos cuatro estados sean descendientes de aquellos que con una mano delante y otra detrás emigraron de Europa a la búsqueda de un mejor futuro.