parís. Fue una promesa electoral del presidente Nicolas Sarkozy que le valió un importante caudal de votos de la derecha: Francia sigue reforzando sus fronteras contra la inmigración.

Poco después de asumir el cargo, el presidente creó el Ministerio de Inmigración, Integración e Identidad Nacional, y puso al frente de la nueva cartera a Brice Hortefeux, su hombre de confianza. Entre sus tareas se encontraba proponer las reformas legislativas que el propio Sarkozy no había llegado a implementar cuando estaba al frente del Ministerio del Interior.

El Parlamento francés reformó ayer, por quinta vez en los últimos cuatro años, la ley de inmigración. “Y con cada paso nos acercamos más al paraíso prometido por el (partido de extrema derecha) Front National”, valoró la publicación satírica Le Canard Enchainé.

Mientras tanto, Sarkozy presiona al Ministerio de Inmigración para que este año concrete la expulsión de 25.000 inmigrantes ilegales. Los responsables de la policía de fronteras recibieron a principios de agosto un aviso que criticaba el escaso número de repatriaciones: “El balance para 2007 es muy malo. Durante los primeros siete meses del año se logró implementar sólo un 30% de las expulsiones pretendidas”, señala el informe.

Para las autoridades, el problema está en que ya no se puede expulsar a rumanos y búlgaros, porque ahora pertenecen a la Unión Europea. Se estima que en el país hay entre 200.000 y 400.000 extranjeros sin permiso de residencia, sin papeles para algunos, ilegales para otros.

En Francia, sin embargo, el proceso de expulsión es polémico. Hace pocas semanas, los trabajadores de Air France pidieron la suspensión de las repatriaciones llevadas a cabo a través de líneas aéreas bajo supervisión de las fuerzas de seguridad: cuando la Policía lleva a los inmigrantes ilegales al avión, se repiten escenas de gritos y pataleos. Una pasajera francesa que protestó contra el trato que se daba a unos africanos expulsados tuvo que responder ante los tribunales por incitación a la resistencia, aunque luego fue declarada inocente.

Hortefeux también pretende limitar la llegada de familiares de inmigrantes, lo que representa unos 23.000 potenciales ingresos anuales. El objetivo de fondo es lograr una inmigración selectiva vinculada al mercado laboral.

Vinculación de sangre El punto que calentó el debate sobre la reciente reforma es la propuesta de realizar un test de ADN a los parientes de inmigrantes para constatar su vinculación de sangre. La oposición enfatiza que las leyes bioéticas limitan las pruebas de ese tipo a fines médicos y científicos. Por otro lado, la medida sería discriminatoria para hijos adoptivos.

A nivel europeo, la lucha gala contra la inmigración ilegal va quedando descontextualizada. Pero cuando el país asuma la presidencia rotativa del Consejo Europeo, hecho que ocurrirá en el segundo semestre de 2008, uno de sus principales objetivos consistirá en impulsar una política de inmigración común para todo el bloque, como ya anunció el secretario de Estado encargado de los Asuntos Europeos, Jean-Pierre Jouyet.

Examen de idioma y ‘valores’ galos

En virtud del texto aprobado por los diputados galos, que ahora pasa al Senado, los candidatos a la reagrupación familiar, menores de 65 años, deberán aprobar en sus países de origen un examen de conocimiento del francés y de los ‘valores’ de la República. Los que lo rechacen “no podrán entrar en Francia”, aseguró Hortefeux. El inmigrante que quiera hacer venir a su familia deberá tener ingresos laborales equivalentes al salario mínimo o superiores. Se crea también un ‘contrato de acogida e integración para la familia’, que los padres de niños llegados por medio de la reagrupación familiar deberán firmar y cumplir, so pena de sanciones financieras. El texto incluye una enmienda polémica, que permite la recogida de datos sobre el origen étnico para poder medir “la diversidad de los orígenes de las personas, de la discriminación y de la integración”. Las dos únicas enmiendas adoptadas por unanimidad crean por una parte un ‘fondo de ahorro del codesarrollo’ y, por otra, autorizan la regularización de forma ‘excepcional’ de trabajadores inmigrantes en profesiones o regiones con penurias de mano de obra. >Agencias