Con carácter experimental y voluntario, pero habrá pruebas de ADN para los inmigrantes candidatos al reagrupamiento familiar en Francia. La Asamblea Nacional aprobó ayer por 91 votos a 45 la polémica enmienda a la nueva ley de control de la inmigración. La Unión por un Movimiento Popular (UMP) y el Nuevo Centro apoyaron el texto, pese a las divisiones internas, y la izquierda se opuso.
El trámite de la ley en la Cámara baja del Parlamento ha servido para endurecer el texto enviado por el Gobierno en varios puntos. La enmienda sobre los tests de ADN, presentada por Thierry Mariani (UMP), ha sido suavizada a iniciativa del Ministerio de la Inmigración. Las pruebas genéticas se instauran de forma provisional hasta final del 2010 y con carácter voluntario del inmigrante cuando haya serias dudas sobre su filiación, aunque las oenegés temen que si el candidato al reagrupamiento familiar se resiste se le niegue de entrada el visado de más de tres meses. El coste del test correrá a cargo del emigrante, pero se le reembolsará si obtiene el visado.

MINISTROS EN CONTRA
Tres ministros de apertura, Bernard Kouchner (Exteriores), Fadela Amara (secretaria de Estado para las Ciudades) y Martin Hirsch (alto comisario para la lucha contra la pobreza), han expresado su oposición a la enmienda, así como varios diputados de la mayoría gubernamental. Mientras que la derecha la considera útil “para luchar contra la inmigración clandestina”, los socialistas han anunciado que recurrirán al Consejo Constitucional. Los comunistas estiman que se impone “un modelo basado en la exclusión”. La enmienda ha levantado críticas de las oenegés antirracistas francesas y de organizaciones de derechos humanos y de la prensa africana, con adjetivos como “segregacionista” o “liberticida”.
El texto establece, por otra parte, que los candidatos al reagrupamiento familiar mayores de 16 años deberán someterse en los países de origen a un examen de francés y “de los valores de la República”. Los recursos exigibles a un inmigrante para traer a su familia a Francia se fijan en al menos el salario mínimo. La ley acaba también con la prohibición hasta ahora existente de elaborar estadísticas con datos étnicos.