Un juez de Santander considera que no tienen “excusa válida” Un matrimonio de etnia gitana de Santander ha sido condenado a tres meses de cárcel cada uno por un delito de abandono de familia por el absentismo escolar de sus tres hijos menores, y por promover incluso que la hija mayor no acudiera al instituto para hacerse cargo del cuidado del hermano menor.

No obstante, la titular del Juzgado de lo Penal número 3, Paz Aldecoa, ha acordado sustituir la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad a razón de cinco horas de jornada.

Los padres reconocieron los hechos y se conformaron con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, por lo que la sentencia es firme desde el momento en que se dictó el pasado mes de mayo, aunque no se hizo pública hasta ayer. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el matrimonio todavía no ha cumplido la condena sustitutoria del trabajo comunitario, según informaron fuentes próximas al caso.

Según la sentencia, la situación de absentismo escolar se produjo durante el curso 2004–2005 especialmente, pero también se registraron ausencias significativas en años anteriores. La magistrada responsabiliza a los padres Ramón M. V. y R. L. L. de “no adoptar las medidas necesarias para la efectivas asistencia” de sus tres hijos –que en el momento de los hechos tenían 17, 15 y 12 años– al colegio e instituto. Además, llegaron incluso a promover “la completa inasistencia” de la hija mayor al instituto que le correspondía, el IES del Alisa, con la excusa de cuidar en casa al hermano menor de la familia.

En el caso de los dos varones el nivel de inasistencia de ambos al colegio público Gerardo Diego fue de alrededor del 80 por ciento. La jueza entiende que de este modo los padres impidieron “la educación efectiva de sus tres hijos sin ninguna justificación ni excusa válidas”, concluye la sentencia.

Denuncia del Colegio

Según fuentes allegadas a la familia, fue la dirección del colegio público quien puso este caso de absentismo escolar en conocimiento de la Dirección General de Bienestar Social, que intervino de inmediato y trasladó la denuncia a la Fiscalía. La normativa obliga a los directores de los centros a vigilar la asistencia a clase del alumnado, a comunicar las faltas a los padres y a instarles a evitar el absentismo. De no ser así, están obligados a elevar el caso a los Servicios Sociales.

El matrimonio condenado, que tiene otros hijos mayores de edad, se dedica a la venta ambulante. Los hermanos mayores tampoco fueron escolarizados.

Cuando se produjo la denuncia, los padres la recibieron con desconcierto, ya que “no tenían conciencia de que no enviar a sus hijos al colegio fuera un delito de abandono de familia. Los hijos mayores no fueron y para ellos era lo normal, por lo que no asumen que hayan abandonado a ningún niño”.