La Asamblea Nacional (Cámara de los Diputados) gala autorizó ayer, a título experimental, los análisis genéticos voluntarios para probar el parentesco de familiares candidatos a venir a vivir con un inmigrante en Francia. La medida, contra la que la oposición de izquierdas ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, forma parte de una nueva ley de extranjería – la cuarta en cuatro años – que restringe aún más las condiciones para el reagrupamiento familiar. Los aspirantes deberán dominar el francés, conocer los valores de la República y tener recursos suficientes para vivir sin subsidios.

La polémica enmienda sobre los test de ADN, introducida en comisión por un diputado ultraconservador, quedó sustancialmente rebajada en el debate parlamentario con la adopción de cuatro retoques por iniciativa gubernamental para calmar las voces discordantes surgidas en su propio grupo. El texto aprobado limita los análisis genéticos a los ciudadanos de países con carencias en el registro civil, a los casos de inexistencia de partida de nacimiento o a las situaciones de serias dudas sobre la autenticidad de la filiación.

El consentimiento de las personas cuya identificación se busca debe ser recogido previa y expresamente. Si el visado es concedido, los gastos del examen genético les son reembolsados por el Estado. El dispositivo previsto se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2010 y las condiciones de puesta en práctica serán evaluadas anualmente por una comisión de expertos formada por parlamentarios, juristas y especialistas en ética.

Ley «pragmática»

La derecha, que disfruta de mayoría absoluta, saludó un texto «pragmático y justo, que nos dota de herramientas para luchar contra la inmigración clandestina». Las formaciones de izquierda, por su parte, denunciaron una «puñalada a nuestro código civil que instaura una discriminación y una segregación entre familias francesas y familias extranjeras». En Francia, los análisis genéticos con finalidades distintas a las científicas o médicas están prohibidos por el artículo 16 del código civil, salvo en casos graves y bajo control judicial.

El texto, que será examinado por el Senado a partir del 2 de octubre, también permite la recogida de datos estadísticos raciales o étnicos en el marco de estudios sobre la discriminación y la integración. Además, reduce de un mes a quince días el plazo para recurrir ante la comisión de refugiados la desestimación de una demanda de asilo.