El Gobierno insular denuncia que Zapatero ha abierto una crisis institucional al negarse a recibir a Paulino Rivero El Gobierno de Canarias, sostenido por un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular, ha expresado su «honda preocupación» por la actitud de José Luis Rodríguez Zapatero, que se niega a recibir al presidente insular, Paulino Rivero.

Rivero reclamó hace dos semanas una reunión urgente con el presidente del Gobierno para tratar el agravamiento del problema de la inmigración que sufre Canarias, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna de La Moncloa, según informaron fuentes del Ejecutivo canario a este periódico.

Zapatero se ha comprometido a reunirse con todos los presidentes autonómicos antes de fin de año, y ya lo ha hecho con varios, pero todavía no ha convocado a Paulino Rivero.

Según explica el Gobierno canario, la actitud del jefe del Ejecutivo ha provocado «una situación de clima enrarecido» y una «crisis institucional sin precedentes». «Supone una ofensa a todos los canarios, que no se ven en la agenda de Zapatero», denuncia el Ejecutivo autonómico, que asegura que «la tensión se ha disparado en el archipiélago y hay un clima de crispación en las relaciones entre ambas administraciones».

Paulino Rivero tomó posesión como presidente de Canarias el pasado 13 de julio, después de llegar a un pacto de gobierno con el PP. Ambos impedían así que el PSOE, el partido más votado en las elecciones, se hiciera con el poder, circunstancia que, según las fuentes consultadas, está detrás de la actitud de Zapatero.

Este temor se ha visto reforzado por recientes declaraciones de dirigentes del PSOE, como la que hace poco pronunció el vicesecretario general de los socialistas canarios, Francisco Hernández, que afirmó que «la decisión de CC de echarse en brazos del PP tiene sus consecuencias; no se puede tirar piedras y poner la mano para pedir un caramelo».

Ese «caramelo» al que se refirió el dirigente socialista es el tema de la inmigración. Paulino Rivero solicitó reunirse con Zapatero después de que 10 inmigrantes fallecieran a 20 metros de las costas de Gran Canaria, donde habían llegado sin ser detectados por ningún sistema de vigilancia.

El Gobierno canario considera que la inmigración es un asunto de Estado y que lo ocurrido este verano ha confirmado la enorme vulnerabilidad de las islas, por lo que el Gobierno central debe implicarse en «incrementar los medios de control y asistencia para evitar tragedias como la de hace dos semanas».

«Los canarios estamos dándolo todo y nos sentimos legitimados para exigir a los ministros y al presidente que cumplan los compromisos adquiridos», dicen desde el Gobierno insular.