Era ya la madrugada del jueves cuando los parlamentarios franceses aprobaron la nueva ley de extranjería. El aula estaba semivacía y proliferaron los bostezos, aunque los números del partido en el poder (UMP) dieron holgura a un texto que restringe las condiciones de inmigración y que introduce nuevos obstáculos al reagrupamiento familiar.

Empezando, a título experimental, por las pruebas de ADN que podrán realizarse a los extranjeros cuya filiación sea sospechosa. Se trata de evitar los casos de fraude «identitario», aunque la oposición socialista considera que la iniciativa menoscaba los derechos elementales del ciudadano.

La cuestión es delicada porque Francia tutela con extraordinario escrúpulo el código genético de sus ciudadanos. Unicamente el juez tiene autoridad para ordenar la realización de las pruebas de ADN, aunque los tres supuestos recogidos hasta ahora en la ley – investigaciones policiales, fines científicos, razones médicas irrenunciables – en absoluto observan que puedan generalizarse los denominados ‘tests’ de paternidad.

Así se explica que muchos súbditos franceses recurran a laboratorios de Canadá o de España para confirmar el vínculo genético de sus hijos. Basta remitir un cabello por correo, abonar unos honorarios de 300 euros y aguardar unos días hasta conocer si el vástago es «sangre de la sangre».

Los ‘tests’ de ADN aplicados a los inmigrantes «sospechosos» comenzarán a experimentarse en 2010. Serán financiados en último término por el Estado y deberán hacerse en los países de origen como medida cautelar.

Es el artículo más controvertido de la nueva ley. Y no el único, puesto que la izquierda francesa también denuncia el hecho de que vaya a organizarse una base de datos para clasificar el origen étnico, la procedencia y las condiciones de integración de los inmigrantes llegados a suelo francés.

Sin olvidar que los aspirantes a entrar en el Hexágono deberán saber francés y tendrán que comprometerse a comulgar con los valores republicanos.