La Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a dos hombres que fueron juzgado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por haber facilitado su empadronamiento mediante una compensación económica.

La sentencia considera que los hechos no son constitutivos de delito y que, en su caso, sólo supondrían una infracción administrativa. La Sala declara como hechos probados que J.C. y A.R. se encontraban el 21 de mayo de 2005 en la puerta del edificio de Estadística del Ayuntamiento de Murcia entre la multitud de inmigrantes que regularizaban su situación esos días. Agentes de la Policía Local advirtieron que hablaban con algunos de los inmigrantes, como había ocurrido en días anteriores, «entrando y saliendo a veces con ellos en el interior de las oficinas».

Así, ofrecieron un certificado de empadronamiento en las viviendas de las que eran inquilinos, sin que llegasen a abonarles, afirma la sentencia, las cantidades que les habían pedido. Los jueces argumentan que no hay delito penal de inmigración clandestina porque no se «produjo un desplazamiento personal de los afectados».