La Memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada ayer, asegura que los centros provisionales de internamiento de extranjeros creados en Canarias para dar respuesta a esta necesidad carecen en mayor o menor medida de las condiciones propias de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).

La Fiscalía considera que esta “excepcional circunstancia” ha convulsionado la conciencia de los españoles y ha puesto en crisis tanto el sistema legal de la medida cautelar de internamiento de extranjeros sometidos a expulsión por devolución como la infraestructura de los centros donde son recluidos.

En este sentido, alaba el "magnífico comportamiento de las instituciones afectadas y subraya que las visitas de inspección de los centros se han realizado con periodicidad casi mensual y en los momentos en los que la afluencia de subsaharianos se agudizó se despachó semanalmente con el jefe de la Brigada Provincial de Extranjería.

El informe recoge la relación de irregularidades en los lugares habilitados como CIE realizada por el fiscal especialista de Santa Cruz de Tenerife Carlos Eguiluz, en el que se detallan deficiencias en la identificación de los inmigrantes y solicita la creación de un nuevo centro de internamiento en la provincia.

En Tenerife, el centro de Hoya Fría cuenta con una plantilla policial inferior al 60 por cien de la prevista, de forma que el patio donde se encuentran la mayor parte del día los internos está custodiado por un solo agente. El de Las Palmas, en Barranco Seco, adolece de falta de medidas de seguridad, principalmente contra incendios.

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En 2006 llegaron a Canarias a bordo de pateras o cayucos 31.678 personas procedentes de África, frente a los 4.767 de 2005, lo que constituye un incremento del 564,53 por cien, dice el informe.

En Andalucía la situación de excepcionalidad “no ha ocurrido”, detalla el informe. En la valoración de los CIE, el informe detalla que el de Málaga “no se adecua a las necesidades” y “tiene humedades” por lo que recomienda la construcción de uno nuevo.

Sobre el CIE de Barcelona, inaugurado en septiembre de 2006, el informe dice que carece de servicios sociales.

Como solución, el fiscal de Extranjería de Málaga, Juan Bermejo, propone la creación de una Dirección General encargada de gestionar estos centros con un presupuesto propio y con funcionarios que formarán un cuerpo profesional y especializado como existe en el ámbito penitenciario.

Asimismo considera urgente la aprobación de una norma con rango de ley orgánica que regule el funcionamiento de estos centros y el estatuto de las personas que están ingresadas en ellos.

España tenía 142 presos islamistas en julio de 2007

A finales del mes de julio de 2007 el número de presos en cárceles españolas vinculados con el terrorismo islamista ascendía a 142, según se avanza en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2006. En dicha memoria se alerta de que los recientes acontecimientos relacionados con el terrorismo integrista han incrementado “considerablemente” el riesgo de esa amenaza terrorista en nuestro país y no invitan precisamente al “optimismo”. Uno de los factores que ha aumentado ese riesgo, además de la proximidad de España a países donde crece a pasos agigantados el integrismo radical, ha sido, según la Fiscalía General del Estado, la celebración del juicio del 11-M, “cuya visualización hasta el último rincón del planeta es la manifestación más evidente de la fortaleza de los Estados democráticos contra el terrorismo”. En otro punto de la Memoria, el referido a la protección de las víctimas en el proceso penal, se vuelve a mencionar el juicio del 11-M para elogiar el tratamiento que han recibido las víctimas y familiares por parte del Tribunal y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. A lo largo de 2006 fueron detenidas 56 personas en diferentes operaciones contra el terrorismo islamista, la mayoría de ellas por captar y enviar muyahidines a Irak.