La batalla que mantienen desde hace años Gobierno central y regional por la acogida y tutela de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Canarias por mar y la financiación de la Policía Autonómica, es una cuestión “meramente política” y “puramente por dinero”, según el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL), Ángel Lobo.

Según este experto en las relaciones que mantienen entre sí las distintas administraciones, las leyes son claras en cuanto a quién debe asumir las competencias en ambos casos, por lo que considera el cruce de declaraciones entre los representantes insulares y del Estado dentro del ejercicio político y no jurídico, ya que ninguna norma legal obliga al Gobierno central a prestar apoyo al canario en ambos asuntos.

“El tema de la modificación es un tema político y CC no está en una buena situación ahora para pedir nada al Estado”, recalcó Lobo, en referencia a la propuesta de los nacionalistas de reformar la Ley de Protección del Menor para que su tutela pase a ser e considere competencia del Gobierno central alegando que “es un tema tan de Estado como el terrorismo”.

Lobo explicó que por la acogida de estos menores se generan muchos gastos, desde la arribada hasta el traslado que derivan en problemas de insuficiencia de servicios, colapso de los servicios por lo que considera que aquí “estamos hablando pura y exclusivamente de dinero”.

“Se generan problemas porque es una llegada inesperada que colapsa los servicios y los políticos se empiezan a interesar, no tanto desde el punto de vista humanitario sino del dinero, piden que se les ayude porque no tiene la culpa de ser la puerta de entrada de Europa”, relató.

En este sentido se refirió a comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), como Madrid o La Rioja, que se han negado a acoger un determinado número de estos menores a pesar de los acuerdos con el Gobierno central