El Defensor del Pueblo ha admitido una queja de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Andalucía y ha pedido al Gobierno que conceda permisos de trabajo a los inmigrantes que no puedan ser expulsados, con objeto de buscar “soluciones que les saquen de la marginalidad”.

La CEAR de Andalucía, en nombre de 173 subsaharianos atendidos por la Comisión en esta comunidad, presentó una queja al Defensor del Pueblo por la situación en la que se encuentran los inmigrantes indocumentados cuya expulsión de España no se puede materializar, que ascienden a unos 17.000 en todo el territorio.

En su resolución, la Oficina del Defensor del Pueblo reitera su propuesta de que, mientras no se pueda llevar a cabo la expulsión, los inmigrantes tengan un permiso de trabajo con objeto de “arbitrar soluciones que saquen de la marginalidad a esas personas”.

La Oficina ya había pedido al Gobierno que buscara “alternativas para la incorporación de este colectivo al mercado laboral, con el fin de que durante el tiempo que la expulsión fuera inejecutable pudieran mantenerse en condiciones de dignidad”.

La Dirección General de Asuntos Consulares respondió que dicha propuesta implicaría “el otorgamiento de autorización de residencia”, pero el Defensor del Pueblo niega tal posibilidad y sostiene que se trata sólo de “arbitrar soluciones que saquen de la marginalidad a estas personas”, sin perjuicio de que “cuando las expulsiones se puedan materializar, se lleven a cabo”.