El Defensor del Pueblo ha admitido una queja de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Andalucía y ha pedido al Gobierno que conceda permisos de trabajo a los inmigrantes que no puedan ser expulsados de España, con objeto de buscar «soluciones que les saquen de la marginalidad».

La CEAR de Andalucía, en nombre de 173 subsaharianos atendidos en esta comunidad, presentó una queja al Defensor por la situación en la que se encuentran los indocumentados cuya expulsión de España no se puede materializar, que ascienden a unos 17.000 en todo el territorio.

La Oficina del Defensor del Pueblo ya había pedido al Gobierno que buscara «alternativas para la incorporación de este colectivo al mercado laboral, con el fin de que durante el tiempo que la expulsión fuera inejecutable pudieran mantenerse en condiciones razonables de dignidad».

Residencia

La dirección general de Asuntos Consulares respondió que dicha propuesta implicaría «el otorgamiento de autorización de residencia», pero el Defensor del Pueblo, en su resolución, niega tal posibilidad y sostiene que se trata sólo de «arbitrar soluciones que saquen de la marginalidad a estas personas», sin perjuicio de que «cuando las expulsiones se puedan materializar, se lleven a cabo».

La propuesta fue planteada por el abogado sevillano Alberto Revuelta, asesor de la CEAR, en nombre de 173 subsaharianos trasladados desde Canarias a Sevilla que, según la normativa vigente, a los 15 días deben quedar en libertad pero sin permiso de trabajo.

La Oficina del Defensor cree que el Reglamento de Extranjería ya prevé conceder autorizaciones de residencia o trabajo temporales en circunstancias de especial relevancia y «vinculadas temporal, sectorial o territorialmente».