LA vendimia en los campos manchegos arranca esta temporada en unas condiciones paralegales, cuando no abiertamente fuera de la ley, por la presencia de unos 20.000 inmigrantes sin contrato. Mientras en Francia se persiguen unas irregularidades laborales castigadas incluso con penas de cárcel para los empresarios, aquí ni el Ministerio de Trabajo ni las autoridades de Castilla – La Mancha tienen claro cómo proceder. Tal es la situación, que lo que se presenta como un desafío de los agricultores al Real Decreto de contratación de mano de obra extranjera para labores de temporada es, en realidad, un cúmulo de torpezas, imprevisiones y apegos a prácticas como la contratación verbal y a dedo.

Las necesidades de la uva no son algo que pueda calificarse de inesperado; sin embargo, la campaña amenaza con resolverse, en el mejor de los casos, con las contrataciones fuera de plazo de los inmigrantes rumanos y búlgaros – con residencia autorizada pero sin permiso de trabajo – que desde el inicio del verano esperaban el momento. El espectáculo de los campamentos levantados en torno a localidades vitivinícolas debería haber supuesto para las autoridades una señal de que algo sigue sin hacerse bien. Y es que si los gobernantes optan por aplicar estrictamente la ley, puede peligrar un sector básico de nuestra economía, pero si prefieren mirar hacia otro lado con la contratación de miles de jornaleros se perpetrará un fraude legal que además entra directamente en contradicción con la política migratoria del Gobierno. No se trata de descargar en exclusiva toda la responsabilidad sobre uno u otro sino de hacer ver a todos que esta situación debe terminar.

Los poderes públicos tienen que ser firmes en la vigilancia de las leyes laborales y exigir la contratación en origen o de quienes aquí tienen permiso de trabajo. Pero, igualmente, previsores de las situaciones que por las características específicas del sector de la uva se producen año tras año.

El sector de la vid y del vino es, por su volumen, el ejemplo extremo de lo que ocurre a niveles menores en otros campos y, por ello, debe convertirse también en una inexcusable llamada al empresario a afrontar la rentabilidad de su negocio en base a la legalidad.