Un millar de rumanos de etnia gitana acampan sin luz ni agua en un pueblo de Badajoz al reclamo de la vendimia Más de 3.800 kilómetros separan Bucarest, capital de Rumania, de Santa Marta de los Barros, en la provincia de Badajoz. Una distancia que recorren cada año miles de rumanos para trabajar en Extremadura, donde les aseguran que tendrán un empleo y una vida digna. Ilusiones que, en muchos casos, se ven truncadas al llegar: el trabajo no es el que pensaban, los sueldos no son los acordados, y no tienen vivienda, sólo una tienda de campaña en el campo sin luz, ni agua y apenas comida. Aún así, año tras año se repite la historia, y este 2007 con una característica: desde el pasado 1 de enero Rumania es estado miembro de la Unión Europea, por lo que sus habitantes gozan del permiso de libre circulación.

Hilie vive en Valencia desde hace cinco años y se mueve por las diferentes provincias españolas en función del trabajo que haya en cada una de ellas. Es la primera vez que viene a Santa Marta a la recogida de la uva y la aceituna. Permanecerá en la localidad pacense durante tres meses. “No volveré más. No soy un ladrón. Hay algunos que hacen cosas malas y la Policía nos trata a todos igual. Estoy cansado. Yo sólo he venido a trabajar y a ganar dinero para mantener a mi familia”, manifiesta.

Viste un pantalón sucio y aunque llovía el día que hablamos con él, calzaba unas chanclas, igual que sus compatriotas. En la cabeza una gorra. No dejó de sonreir durante toda la conversación.

Su voz denotaba cansancio por justificarse sobre el porqué llegan hasta esta localidad, situada a unos 40 kilómetros de Badajoz. “Venimos a trabajar. Nos pagan unos 45 o 50 euros al día”. Responde que él se enteró del trabajo en esta comarca por los amigos, “unos se lo dicen a otros y así nos vamos ganando la vida”.

Su casa provisional está en ‘Las canteras’ y con él su hermana Marutza y otros familiares como Florina. Mientras esperan a que se haga el pan, las caricias y los gestos de complicidad con todos los niños de su ‘clan’ son constantes.

Su mujer e hijos se quedaron en Valencia y les envía normalmente la mitad de lo que gana, para que ellos puedan seguir manteniéndose.

En Santa Marta viven alrededor de 4.200 habitantes. La mayor parte de la población se dedica a la agricultura y a la ganadería, marca indiscutible de la comarca de Tierra de Barros. Es en el campo donde se precisa mayor cantidad de mano de obra, sobre todo en esta época para la recogida de uva y aceituna. La localidad cuenta con un colegio, un instituto, una biblioteca pública, una iglesia en honor a la patrona, varios comercios de textil, ultramarinos, tres supermercados y una decena de bares.

Este es el lugar, tranquilo, que cada verano, hacia mediados de agosto y durante casi tres meses, acoge a cientos de rumanos de etnia gitana en diferentes asentamientos de las afueras. El número es difícil de precisar. La Delegación del Gobierno estima que son 800, una cifra que se acerca a la realidad ya que en el campamento mayor, una zona privada denominada ‘Las canteras’, se hacinan en tiendas y chabolas entre 500 y 600; en otros dos más pequeños, Los almendros de cabrilla y Las minas, pueden malvivir unos 200 – también gitanos portugueses.

Denuncias para expulsarlos

Lugares privados que ocupan y de los que no son desalojados. El dueño de Las canteras, Miguel González García, cuenta que durante este tiempo ha interpuesto las denuncias oportunas para que sean expulsados. Sin embargo, la orden no ha llegado, sólo el primer año en el mes de febrero, cuando ya habían abandonado la zona. Las condiciones higiénico – sanitarias son infrahumanas. El campo está atestado de basura, no disponen de agua potable, las candelas que calientan día y noche ahogan tímidamente un pestilente olor a suciedad… Un panorama desolador propio del tercer mundo.

Una de las preguntas que se formulan los santamartenses es por qué llegan hasta su pueblo. Los rumanos explican que vienen porque es donde hay trabajo, allí y en los alrededores, y se enteran a través del ‘boca a boca’; también de que no son expulsados de los asentamientos. Durante las mañanas tan sólo hay unas 30 personas cuidando del campamento, tampoco se les ve por las calles ni los supermercados – zonas de ‘reunión’ durante la tarde – noche. Uno de ellos aclara que están trabajando, tanto hombres como mujeres.

La llegada masiva de inmigrantes rumanos a la comarca comenzó hace unos cinco años. En la capital, Almendralejo – a 22 kilómetros de Santa Marta – , incluso organizaron contingentes que acogió el Palacio del Vino y la Aceituna durante la temporada. Daniela Acatunei es rumana y mediadora social en la localidad. Opina que esto pudo provocar un ‘efecto llamada’, “sólo que si se les echa de un sitio se van al de al lado, pero son los mismos. Lo que sorprende es que repiten un año tras otro. Eso es porque se les da trabajo”.

Las relaciones con los vecinos se han deteriorado. Los continuos robos, la mendicidad y la suciedad de las calles han acabado con la paciencia de los santamartenses. Un pueblo dividido entre quienes los necesitan para la vendimia y aquellos que están cansados de vivir inseguros e intranquilos. La semana pasada se produjo un nuevo robo en un chalé, que fue desvalijado.

El número de denuncias y detenciones ha aumentado notablemente, según la Delegación del Gobierno. Tanto es así que ya se han comenzado a recoger firmas para exigir, al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno, que hagan cumplir las leyes de convivencia y se aumente la vigilancia. La delegada Carmen Pereira ha respondido con dos patrullas que vigilan las 24 horas.

A pesar de todo, la sensación de inseguridad es palpable en el más absoluto silencio de las doce de la mañana en la plaza del centro. La crispación ha aumentado tras el último suceso: una pelea en las fiestas de la Virgen de Gracia entre ciudadanos rumanos y españoles, que se saldó con varios heridos. Plantean manifestarse ante una situación que se ha vuelto insostenible. La cuerda continúa tensándose.

Los papeles son otra historia. La mayoría son ilegales. A pesar de gozar de la libre circulación por cualquier país de la Unión Europea, no tienen el mismo derecho en cuanto al trabajo, una excepción que se hace extensible también a Bulgaria. Esta moratoria terminará en enero del 2009. El Gobierno central ha establecido una serie de requisitos para la contratación de estos inmigrantes, que se hace efectivo en la Delegación del Gobierno.