El consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, dijo ayer que, tras una primera valoración realizada por los técnicos de su departamento, podría ser «inconstitucional» fijar un número máximo de inmigrantes por aula, ya que en España existe «un modelo de libertad de enseñanza» y son los padres los que eligen centro. Medina Precioso respondía así al presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Región, Ginés Martínez, quien pidió el jueves en La Verdad un reparto equitativo de inmigrantes en centros públicos y concertados, y que se fije en un 30% el cupo máximo de inmigrantes por aula para evitar «guetos».

Según el consejero, fijar ese cupo podría atentar contra la libertad de los inmigrantes de elegir colegio como la tienen los españoles, y negó que los centros concertados rechacen escolarizar a extranjeros, aunque reconoció que los públicos tienen un mayor número de alumnos extranjeros, que «puede deberse a que no en todas las zonas existen concertados».

Asimismo, añadió que el 24% de los alumnos de la Región cursa sus estudios en centros concertados y que esta tasa entre la población inmigrante se sitúa en el 15 por ciento, «por lo que es lógico que vayan más niños a los colegios públicos». Medina Precioso indicó, además, que existe una normativa ministerial por la que se reservan cinco plazas por aula en todos los centros públicos y concertados para inmigrantes.