Tanto el Gobierno regional como Coalición Canaria consideran que el Ejecutivo central ha convertido lo que hasta ahora había sido una cuestión asumida por el Estado el reparto entre centros peninsulares de los menores inmigrantes residentes en Canarias en un asunto puramente autonómico como venganza política o por “ineptitud”, lo que llevó ayer a Paulino Rivero a exigir el cese del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, por su intervención el miércoles en el Congreso.

Caldera dio en el Pleno de la Cámara Baja un giro a la que había venido siendo la política del Gobierno socialista para afirmar que el Estado sólo debe encargarse del transporte mientras que limitó al Ejecutivo regional y a las autonomías gobernadas por el PP la responsabilidad para encontrar un lugar de residencia para los menores.

Al primero lo emplazó a convencer a las segundas “sus socios”, dijo de que admitan a los inmigrantes, mientras que aseguró que en Canarias el número de menores es superior a su capacidad por la negativa de las comunidades populares a aceptarlos.

“Es un tema de Estado”

La posición de Caldera llevó a Rivero a defender ayer que éste no estuvo “a la altura de lo que debe ser un ministro” y se mostró convencido de que su actitud es razón suficiente para un “cese inmediato” por parte del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente autonómico calificó esta posición de “lamentable” y defendió que, pese a que los menores inmigrantes son una competencia en manos de las comunidades, su derivación a la Península es una cuestión de Estado.

“Estamos ante un tema de Estado explicó. No es un problema del color de las comunidades, por lo que un Gobierno del Estado que se precie debe afrontarlo con toda la responsabilidad”, añadió.

En la misma línea, la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Inés Rojas, acusó a Caldera de eludir la responsabilidad del Estado en esta cuestión por su incapacidad para convencer a las autonomías de que deben aceptar a los menores inmigrantes que llegan a las costas de Canarias, según informó Acn Press.

“Sólo puedo explicar esta posición dijo en el marco de la propia ineptitud del ministro a la hora de negociar con las comunidades autónomas, porque lo que está diciendo Jesús Caldera es que quiere renunciar a sus propias competencias, que son la de garantizar la solidaridad entre los territorios y la igualdad entre los ciudadanos”.

“Esto es muy grave, máxime cuando se trata de personas en situación de fragilidad como son estos niños”, añadió Rojas.

No obstante, los motivos esgrimidos por la consejera para lo que los nacionalistas consideran un giro en la política socialista no fueron los mismos expuestos por la alcaldesa de La Laguna y portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, quien se mostró convencida de que la posición del ministro tiene “un sabor político”.

Tras una reunión celebrada ayer con Rivero, Oramas recordó que tanto Rodríguez Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación como el propio Caldera aseguraron que “cumplirían los compromisos con Canarias, que eran que nunca iba a haber más de 300 menores inmigrantes y que, a partir de esa cifra, serían trasladados a la Península, mientras que en estos momentos tenemos a 715”.

A su juicio, este “paso atrás” en la posición política del Gobierno del Estado tiene un trasfondo puramente político. “La veo en clave política aseguró porque el señor Caldera (el miércoles en el Congreso) argumentó que CC había perdido las elecciones y dijo que éramos una derecha reaccionaria, en lugar de explicar al pueblo canario por qué no ha cumplido sus compromisos”.