La unión hace la fuerza. Y más cuando se trata de atender a colectivos sociales desfavorecidos. La Junta de Andalucía y la Diputación Provincial han sufragado este año 25,5 millones de euros en convenios destinados a menores, ancianos, discapacitados psíquicos o físicos, madres gestantes en estado de desamparo, construcción de residencias de la tercera edad y asistencia a drogodependientes o inmigrantes. La Diputación aporta 18 millones de euros y la Junta financia siete.

Estas actuaciones son el fruto de acuerdos firmados entre las consejerías de Igualdad y Bienestar Social, Salud, Empleo y Gobernación con el ente supramunicipal.

El delegado de la Junta en Málaga, José Luis Marcos, y el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, ofrecieron ayer una rueda de prensa para explicar las actividades conjuntas que llevan a cabo este año en cuestión de derechos sociales. «Mantenemos una colaboración muy importante y fructífera cara al ciudadano», aseguró Marcos. Añadió que tanto la Diputación como la Junta trabajan con los ayuntamientos en la construcción de residencias de la tercera edad, unidades de día y guarderías. Marcos se refirió al avance que supone la aplicación de la Ley de Dependencia, iniciativa que calificó como «uno de los mayores avances del siglo XXI».

Centro Básico de Acogida

Por su parte, Salvador Pendón citó varias de las actuaciones que se están llevando a cabo. Así, destacó el programa de madres gestantes, que se desarrolla en el Centro Básico de Acogida y es pionero y único en su género en Andalucía. Hay 12 – 14 plazas para atender a madres desamparadas. La partida destinada al Centro Básico se aproxima a los 4,5 millones de euros.

Al Centro Provincial de Drogodependencias se aportan 2,5 millones de euros, mientras que la partida para los servicios sociales comunitarios se aproxima a los 10,5 millones de euros. Pendón destacó la construcción de centros de servicios sociales comunitarios en Benamocarra, Ojén, Cortes de la Frontera y Pizarra, por un valor próximo a 1,5 millones de euros.

Para fomentar el empleo y la inserción laboral se han invertido aproximadamente 1,2 millones de euros, dinero que ha servido, además de para la creación de puestos de trabajo, para luchar contra la exclusión social.