Las relaciones entre el vicepresidente Pedro Solbes y el conseller Antoni Castells, antes fluidas, no pasan por su mejor momento. A las dificultades para pactar las inversiones que el Estado deberá destinar a Catalunya en cumplimiento del Estatut se sumó otro nuevo motivo de enfrentamiento: la negativa del Gobierno a compensar a las autonomías por el impacto que sobre sus finanzas tiene el fenómeno migratorio. La Generalitat, según sus propios cálculos, pierde cada año 1.000 millones de euros a causa al elevado volumen de población inmigrada que acoge.
Aunque la masiva llegada de inmigrantes ha contribuido al crecimiento económico español de los últimos años, también supone un coste para las administraciones, en particular para la autonomías. Con o sin papeles, se benefician de servicios públicos tan onerosos como la educación o la sanidad, factura que no compensan a través de los impuestos porque sus salarios están por debajo de la media, cuando no trabajan en la economía sumergida. Además, como en el actual sistema de financiación autonómica los recursos se reparten en función del censo de 1999, las comunidades cuya población ha aumentado a mayor ritmo ven menguados sus ingresos.
Tal es el caso de Catalunya, donde en el 2006 residían 913.000 extranjeros, seis veces más que en 1999. Dicho de otro modo, el 22% de los extranjeros que acoge España están en Catalunya, los que equivale al 10,4% del censo catalán. Idéntico problema tienen, junto a Baleares, varias autonomías controladas por el PP, como Murcia, Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias.

“DIFICULTADES METODOLÓGICAS”
Por todo ello, el president José Montilla fue uno de los que defendió, en la conferencia de presidentes del pasado enero, que Gobierno y autonomías elaborasen un informe sobre el impacto de la inmigración en la financiación autonómica. Un grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) – – dirigido por el departamento de Solbes – – presentó el lunes su diagnóstico, que concluye que las “dificultades metodológicas” para calcular el coste de la inmigración y la falta de acuerdo entre las comunidades desaconsejan que el Estado compense las pérdidas de algunas autonomías. Las comunidades contrarias a esta medida son, no por azar, las que han perdido población relativa desde 1999: Andalucía, Aragón, Asturias y Extremadura, todas ellas en manos del PSOE.

EL CONSENSO COMO “EXCUSA”
Solbes y la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, presidieron ayer la reunión del CPFF, a la que asistieron la mayoría de los consejeros autonómicos de Economía. Allí el representante de la Generalitat expresó su “total discrepancia” con la decisión del Gobierno. Castells, que ha enviado una carta de protesta al vicepresidente, alertó de que, aunque “el consenso siempre es deseable, su ausencia no es excusa para no tomar decisiones”, puesto que tampoco hay acuerdo para mantener el sistema como está. “La solidaridad no puede ir en un único sentido”, advirtió. Lo secundaron, sin éxito, varios consejeros del PP, incluido el valenciano Gerardo Camps.