Los agricultores les emplean para la vendimia de manera ilegal ante la falta de mano de obra – La Policía denuncia un aumento de los robos Hay trabajo en el campo, hay mano de obra rumana (ilegal) y hay disposición a contratarla. Esta es la versión de los empresarios agricultores ante la campaña de la vendimia y la llegada de miles de rumanos a tierras extremeñas.

Sólo en la provincia de Badajoz hay 10 asentamientos donde se hacinan unos 5.000 ciudadanos de origen rumano. El mayor de ellos está en Santa Marta de los Barros, una pequeña localidad sumergida ahora en un caos sin precedentes. Su población extranjera se ha multiplicado por 10 en unas semanas y la situación se hace insostenible. El alcalde de la localidad, Jorge Vázquez, ha pedido ayuda al Gobierno.

A los 4.000 habitantes censados de Santa Marta de los Barros, se suma ahora una población de cerca de 2.000 rumanos que llegan para ser contratados, ilegalmente, en la vendimia.

Organizaciones agrarias como Asaja, Upa y Coag han pedido al Gobierno que levante la moratoria que les impide contratar durante dos años a rumanos y búlgaros, ante la falta acuciante de mano de obra. El tiempo se les echa encima y no tienen manos suficientes para la recolección.

«El agricultor se ve obligado a emplearles porque no hay más mano de obra», afirma Bibiano Serrano, presidente de APAG – Extremadura – ASAJA. Desde esta organización señalan que los agricultores, desesperados, se están viendo obligados a dar trabajo a rumanos sin contrato. «Nosotros hemos hecho todo lo posible. Hablamos con el subdelegado del Gobierno en Badajoz y no nos ha hecho caso», añade.

Las contrataciones ilegales se hacen en un conocido bar de Santa Marta de los Barros a las seis de la madrugada. Hasta allí se acercan cientos de rumanos para ser contratados de forma ilegal. La jornada se paga a 18 euros, cantidad que se reduce en manos rumanas hasta los 12 euros, si existe intermediario por cuestión de idioma. Lo denuncia Acción Social y Migración de UGT. Su secretario, Nereo Rodríguez, reconoce que la situación no cambiará «porque existe un interés económico por parte de los empresarios de la zona».

Esta semana ha empezado la recogida de la uva. «Pero aún hay lugares donde no ha comenzado la campaña. Cuando lo haga, en una semana, habrá mayores problemas de mano de obra», indica Serrano. Y continúa: «Nos piden que contratemos inmigrantes con tres meses de antelación a la campaña. Pero en el campo no se puede prever. ¿Qué hacemos con gente contratada si la campaña se retrasa? Nadie quiere perder dinero». La única solución posible, dicen, es que «la Subdelegación del Gobierno agilice los contratos en unas semanas y no en meses, como les permite la ley. Así, nadie se saltaría la legalidad».

Mientras, en el pueblo, los vecinos sufren robos a diario. La Policía Local se siente desbordada por las 30 denuncias semanales, cuando «aquí nunca ha habido problemas», explica uno de los tres agentes municipales que tienen que pedir ayuda a la Guardia Civil.

Santa Marta de los Barros vivió un episodio similar al del rumano que se quemó a lo bonzo en Castellón. En esta ocasión, otro compatriota intentó cortarse las venas con una cuchilla de afeitar delante de los vecinos. Fue atendido por Cruz Roja y logró su objetivo de llamar la atención. Tuvo una cita con el alcalde y denunció que había llegado de Rumanía engañado, con un falso contrato de conductor de autobús. Al llegar a Extremadura no encontraba más trabajo que el del campo, un puesto que él no quería. Cruz Roja se ha hecho cargo de este ciudadano, que ya ha sido enviado de vuelta a su país.