El Consejo de Gobierno elevó ayer al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto de decreto que modifica el 57/1998, por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita a extranjeros y el procedimiento para su reconocimiento.

Este proyecto de decreto incluye la regulación del turno especial de extranjería, que ya se presta en todas las Islas Canarias, ya que el texto, todavía vigente, sólo recoge la organización del servicio en la isla de Fuerteventura, explicó en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Carolina Déniz. Ese turno especial deberá contemplar las actuaciones durante la jornada de guardia y las actuaciones posteriores a la misma, dirigidas a la defensa de las personas asistidas durante la guardia en trámites de internamiento, devolución o expulsión, incluido el recurso de apelación.

El Gobierno de Canarias, tras dar audiencia a los Colegios de Abogados de Canarias, recoge en este proyecto de decreto que el turno especial en materia de extranjería se cuantifica en 300 euros, por menos de 7 asistencias; y 600 euros, por siete o más asistencias.

El Gobierno canario pidió ayer al Ejecutivo español que haga los mismos esfuerzos que realiza esta comunidad autónoma, gobernada por CC y PP, para sacar adelante la reforma estatutaria y atender al “drama humano” de la inmigración irregular que llega a sus costas.

En materia de inmigración ilegal, Déniz relacionó la puesta en marcha de la policía canaria con la vulnerabilidad de las costas del Archipiélago y el déficit de los servicios de seguridad. “Los canarios merecen que se invierta en su seguridad”, dijo al tiempo que recordó que el Ejecutivo regional apuesta por “una policía canaria que complemente a los cuerpos estatales”