Las asociaciones de rumanos de Castellón llevan años pidiendo la creación de un consulado. Y se entiende: unos 50.000 habitantes. El 10% de la provincia, provienen de este país de Europa oriental, último socio en formar parte de la Unión Europea. Muchos se preguntan si la existencia de una oficina diplomática podría haber evitado el drama de Marian Mirita, que se quemó a lo bonzo el pasado martes. Parece difícil, pues el Gobierno rumano, aun queriendo, no podría ayudar a los varios miles de compatriotas que malviven en Castellón sin permiso de trabajo. Hasta noviembre de 2009, los rumanos no serán europeos de pleno derecho, con libertad de movimiento como trabajadores, como el resto de los ciudadanos comunitarios.

Una situación de overbooking que ya viven las instituciones valencianas, pues el número de rumanos censados en toda la Comunidad Valenciana aumenta a 95.000. Cifra a la que hay que añadir a los no empadronados, en torno a 15.000, según algunas fuentes. En 1995, no había en Castellón más de 5.000 inmigrantes procedentes del país de los Cárpatos. En aquel año, el país sufrió un revés económico y se desmanteló la industria pesada de Târgoviste, ciudad de la que procede la mayoría de estos inmigrantes. Eligieron Castellón casi al azar, porque allí habían sido acogidas varias familias rumanas en 1989, cuando estalló en su país la revolución democrática.

Tanto se han estrechado los lazos entre ambas ciudades que la capital de La Plana se ha hermanado con su gemela rumana. Ahora, caminando por Castellón, uno puede entrar en la cadena de panaderías Transilvania, visitar comercios especializados o rezar en iglesias de confesión ortodoxa y adventista. Pero la oleada esconde una trastienda: las bandas de ex militares, responsables de atracos a viviendas, robo de vehículos y del negocio de la prostitución. La última invención para obtener dinero ilegalmente es estafar a sus compatriotas, a los que exigen dinero por pernoctar en una chabola. Marian fue una de sus víctimas.