El frenazo en la construcción amenaza con dejar en el paro a miles de trabajadores en España. La mayoría de ellos son inmigrantes – por lo tanto carecen de apoyos familiares – , tienen escasa cualificación – y por ello, mayor dificultad para encontrar un nuevo empleo – y muchos no van a poder acogerse siquiera al paro porque, o bien no tienen los papeles en regla, o simplemente no han trabajado el tiempo suficiente para ser acreedores a ese derecho. Este retrato, tan distante de los mensajes oficiales que esta semana ha dejado el Gobierno – excepción hecha del vicepresidente Solbes – es el que reflejan los datos de estudios realizados por los sindicatos CCOO y UGT. Según estas informaciones, más de 730.000 inmigrantes trabajan hoy en España en la construcción y sectores afines. No es difícil imaginar el panorama que podría dejar el desplome de la actividad inmobiliaria en quienes son el eslabón más débil del mercado laboral. Quizás algunos se verían en la necesidad de poner punto y final a su aventura para volver a sus lugares de origen. Pero lo que la experiencia indica, a tenor de lo ocurrido en otros países, es que una mayoría pasaría a la marginalidad. Ello podría crear tensiones y conflictos sociales nuevos en España, ya que el fenómeno de la inmigración a gran escala ha coincidido con una etapa de bonanza económica. El Gobierno tiene que poner todos los medios para tratar de sortear la crisis y la sociedad, en cualquier caso, ser consciente del escenario al que nos enfrentamos.