El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu Merelles ha requerido a Plácido Alonso Peña, abogado tinerfeño de los quince inmigrantes querellados contra Salvamento Marítimo, que “acredite de forma legal la representación que de los querellados dice ostentar”.

Así figura en la Providencia, con fecha 4 de septiembre, a la que ha tenido acceso EL DÍA.

En ese documento también se insta a que se comunique al Ministerio Fiscal el contenido de la querella por homicidio imprudente y negligencia contra Salvamento Marítimo, presentada por quince supervivientes de un cayuco que naufragó a 89 millas al sur de Tenerife, hecho que costó la vida a 88 personas de esa expedición, la mayoría procedentes de Senegal, Ghana, Guinea Bissau y Liberia.

A tenor de las declaraciones realizadas ayer por fuentes judiciales, la Fiscalía General del Estado aconsejará a la Audiencia Nacional que archive dicha querella, al considerar que en ese rescate no hubo intencionalidad ni imprudencia por parte de los capitanes de las embarcaciones de Salvamento implicadas en el suceso, “Conde de Gondomar” y “Luz del Mar”.

Plácido Alonso Peña recalca que se debe investigar el suceso, para indemnizar a las familias de los desaparecidos. Por ejemplo, entre los querellantes hay uno que ha perdido a cinco hermanos.

Esta sería la tercera vez que los tribunales se niegan a tramitar esta causa contra la sociedad estatal de salvamento, después de que el juez de Arona José Ramón Corral Quintana rechazara, el pasado 14 de agosto, la petición del abogado tinerfeño de investigar este suceso, que es el más grave que ha ocurrido cerca del Archipiélago.

En esa ocasión, el magistrado alegó que la demanda no era de su jurisdicción, al entender que el naufragio había ocurrido a 89 millas de las Islas, fuera de la competencia de Canarias, que se circunscribe a 12 millas náuticas.

Por este motivo, y porque Plácido Alonso Peña cuenta con grabaciones de los testimonios de los supervivientes, que relatan el choque de una embarcación de salvamento con su cayuco, lo que en su opinión provocó el naufragio, el letrado presentó la querella en la Audiencia Nacional, dado que este tribunal sí es competente para investigar asuntos que sucedan fuera del territorio nacional.

Tal y como publicó este periódico, tras la negativa del juez de Arona, el abogado acudió a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de solicitar que se tomara declaración anticipada a sus clientes, en ese momento retenidos en el centro de internamiento de Hoya Fría. Esta petición tampoco fue atendida.

Como los testigos del naufragio son inmigrantes indocumentados, el abogado se encuentra ahora con un fuerte escollo para hacer viable la querella, debido a que no es fácil localizar a sus clientes y a que de forma reiterada le negaron la posibilidad de que se les tomara declaraciones anticipadas.

Algunos de los supervivientes han sido repatriados a sus respectivos países y otros se encuentran dispersos por la Península, pero sin forma de localizarlos.