EL ANTEPROYECTO DE LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA, CUYA TRAMITACIÓN INICIÓ EL MARTES EL CONSEJO DE GOBIERNO ANDALUZ, SE AJUSTA AL VIGENTE ESTATUTO Y REQUERIRÁ EL ACUERDO DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA QUE OFREZCAN SUELO.

BENEFICIARIOS
Regirá para todos los ciudadanos e inmigrantes que acrediten residencia legal y empadronamiento durante al menos cinco años, que no sean titulares de una propiedad y que no puedan acceder a una vivienda en el mercado libre por razón de sus ingresos económicos. La renta mensual total de la familia no deberá superar los 3.100 euros (el tope máximo para acceder a una vivienda protegida)

ACCESO A LOS PISOS
Las familias con ingresos inferiores a 500 euros mensuales podrán alquilar una vivienda pública a un precio no superior al 25% de su renta (125 euros mensuales). Cuando ganen más de 500 euros, caso común entre los jóvenes de 24 a 35 años, y sus salarios no superen 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, accederán a un piso en alquiler o en propiedad siempre que no suponga más de un tercio del sueldo (unos 1.000 euros como máximo al mes). Las ayudas se graduarán en tramos según el poder adquisitivo.

AYUNTAMIENTOS
Los municipios fijarán las necesidades de vivienda y los recursos oportunos, ya sea ofreciendo suelo municipal o con las reservas establecidas por la Junta andaluza en los planeamientos, que prevén un mínimo del 30% del suelo para pisos públicos.