Desde hace semanas, cientos de rumanos residentes en España guardan cola, en Barcelona y Madrid, para obtener el último papel que la burocracia europea les reclama tras la adhesión de Rumanía a la Unión Europea. Las gentes, entrevistadas en televisión, protestaban por tener que pasar noches enteras de guardia en las calles para tomar turno, una señal inequívoca de que algo no se está haciendo bien.


Anteayer, en Castellón, un hombre convertido en antorcha pasaba a las portadas de los periódicos de medio mundo para mostrar a todos que algo, sin duda alguna, no se está haciendo bien en el terreno de la inmigración y su burocracia.


Cuando los medios, a la vista de las llamas, se ocupan del asunto, se comprueba con facilidad que el Gobierno de Rumanía, después de años de demandas, ha accedido a crear en Castellón una agencia consular que evite el viaje a Madrid y Barcelona. Pero el Ministerio, en Bucarest, ni ha alquilado el piso que ha de ser sede ni se ha dignado a nombrar a la persona llamada a atender los problemas urgentes de los rumanos de Castellón: que son –oído al dato– más de 50.000, la mitad al menos de los que se supone que hay en España, el 15% del vecindario de Castellón de la Plana…


Hay olvidos imperdonables y los de una nación ya europea como Rumanía hacia sus ciudadanos es uno de ellos. Otro, desde luego, es el que permite que las instalaciones policiales españolas donde los inmigrantes regularizan sus documentos estén en condiciones impresentables y mal dotadas de personal. Y aún podríamos hablar del silencio con que se están acogiendo las demandas valencianas de recursos para poder atender el aumento de servicios que se prestan a los inmigrantes que llegaron en verdadera avalancha.


La antorcha viva de Castellón, unida a las cifras del paro del mes de agosto, son dos luces rojas que se acaban de encender en el panel de control de la temporada política. No atender las alertas, no responder al reto que nos están planteando, será una actitud decididamente irresponsable.