MAÑANA era el día fijado por el Gobierno federal norteamericano para enviar 140.000 cartas a otras tantas empresas sospechosas de dar empleo a inmigrantes sin papeles, amenazándolas con severas sanciones e incluso con penas de prisión para sus propietarios y directivos. Atendiendo un recurso de la principal organización sindical estadounidense, la AFL-CIO, una juez de San Francisco frenó el pasado sábado de manera cautelar la medida, pero el debate sigue abierto y puede emponzoñar la campaña para las elecciones presidenciales del año que viene, especialmente dentro del Partido Republicano.

Debido probablemente a su anterior cargo, gobernador de Texas – un estado con alta presencia de inmigración irregular, procedente sobre todo de México-, y a diferencia de otros posicionamientos tanto en materia de política interior como exterior, el presidente George W. Bush es un moderado en esta cuestión. Ante la pérdida del control de ambas cámaras del Congreso tras las elecciones del pasado noviembre, Bush tendió su mano a la oposición y, hasta bien entrado este año, pareció posible que el país se dotara de una ley realista que permitiera iniciar la regularización de los inmigrantes sin papeles. Se trata de un colectivo que se estima en unos 12 millones de personas y que es absolutamente crucial en sectores como la agricultura, la limpieza o la construcción.

Sin embargo, el ala más reaccionaria del Partido Republicano, que incluye a políticos que preconizan la expulsión forzosa de los sin papeles,hizo naufragar esa legislación y ha situado el debate en un callejón sin salida. En esa situación, que preocupa enormemente a los agentes sociales, se inscribe el mencionado asunto de las cartas amenazadoras, porque la actual Administración, ya muy debilitada, quiere aparentar ante su clientela más fiel una actitud de gran firmeza.