El Gobierno busca soluciones al problema de los menores inmigrantes que viven en España sin familia y en situación ilegal, a quienes ahora es imposible repatriar porque las autoridades de algunos países no admiten su devolución al carecer de documentos y de vínculos familiares demostrables en sus lugares de origen. En el enésimo ensayo de posibles soluciones, el Ejecutivo anunció un nuevo acuerdo con Marruecos para el retorno controlado de esos jóvenes y su acceso a una formación educativa y laboral.

Se trata, en la mayoría de casos, de niños y adolescentes procedentes del Magreb y de países subsaharianos que llegan a España en cayucos o a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Tras ser interceptados por las autoridades, son internados en centros de menores tutelados por las autonomías, en los que permanecen varios años hasta cumplir la mayoría de edad. Entonces, reciben una orden de expulsión que raras veces se cumple.