El Gobierno busca soluciones al problema de los menores inmigrantes que viven en España sin familia y en situación ilegal, a quienes ahora es imposible repatriar porque las autoridades de algunos países no admiten su devolución al carecer de documentos y de vínculos familiares demostrables en sus lugares de origen. En el enésimo ensayo de posibles soluciones, el Ejecutivo anunció un nuevo acuerdo con Marruecos para el retorno controlado de esos jóvenes y su acceso a una formación educativa y laboral.

Se trata, en la mayoría de casos, de niños y adolescentes procedentes del Magreb y de países subsaharianos que llegan a España en cayucos o a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Tras ser interceptados por las autoridades, son internados en centros de menores tutelados por las autonomías, en los que permanecen varios años hasta cumplir la mayoría de edad. Entonces, reciben una orden de abandonar España, que raras veces llega a ejecutarse.

El Gobierno acordó ayer impulsar un acuerdo con Marruecos para permitir el retorno al país vecino de sus nacionales menores de edad. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que el convenio, que el Ejecutivo ha remitido a las Cortes para su aprobación, incluye un compromiso para favorecer el acceso de esos jóvenes a una educación y una formación que facilite el acceso a un futuro profesional.

El Gobierno se felicitó por el descenso registrado en agosto en el número de irregulares llegados a las costas españolas en cayucos, que cifró en un 64% menos que en el mismo mes del año anterior. El Ejecutivo situó «en la precariedad» educativa y laboral «la raíz» del problema.Ambos Gobiernos expresaron en la Reunión del Grupo de Trabajo Permanente Hispano – Marroquí sobre inmigración, que se celebró en Toledo , su voluntad de agilizar los trámites para el retorno de esos adolescentes. Fernández de la Vega explicó que ya ha comenzado la construcción dos centros de formación profesional en las ciudades marroquíes de Nador y Benimellal. Además, aseguró que todas las repatriaciones se efectuarán «con la máxima garantía de protección de los derechos del menor» para «reintegrarlos a su entorno social y familiar, para que tengan un futuro en su país».

Por otra parte la detención de un varón adulto y un menor, ambos de nacionalidad argelina, eleva a 36 las personas que viajaban en las tres pateras interceptadas entre el jueves y ayer cuando intentaban desembarcar en el tramo litoral comprendido entre Carboneras (Almería) y Cabo de Gata, según informaron fuentes de la Benemérita.