Un abogado de Santa Cruz de Tenerife ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella por homicidio imprudente contra Salvamento Marítimo por la muerte en el mar de 88 inmigrantes subsaharianos la madrugada del pasado 19 de julio. Los fallecidos cayeron al agua cuando el cayuco en el que iban volcó mientras era asistido por dos patrulleras de Salvamento Marítimo.
La versión oficial facilitada por la Delegación del Gobierno en Canarias fue que el rescate se llevó a cabo en condiciones extremas y con olas de cuatro y cinco metros “que golpeaban el cayuco cada pocos segundos”, según informó el delegado, José Segura. “Los inmigrantes estaban muy nerviosos, se pusieron de pie y la barca volcó”, añadió. Entre los ahogados había al menos dos mujeres y varios menores.
Esta versión es diametralmente opuesta a la explicación que dieron 15 de los 48 inmigrantes que lograron salvar la vida porque sabían nadar. Según estos supervivientes, a quienes representa el abogado Alonso Peña, una de las dos patrulleras de Salvamento Marítimo que acudió al rescate, a 98 millas al sur de Tenerife, chocó con el cayuco en una maniobra de aproximación y partió la barca en dos. Todos los ocupantes cayeron al agua.

FALTA DE LANCHAS
El letrado sostiene, según el testimonio de sus clientes, que la primera patrullera que se acercó al cayuco, en torno a la medianoche del 19 de julio (seis horas después de haber sido avistado), no hizo maniobras de rescate y esperó la llegada de una segunda patrullera de menor altura, la Conde de Gondomar, para llevar a cabo el trasvase de los inmigrantes uno a uno. Fue en la maniobra de acercamiento de esta patrullera cuando se produjo el choque. El abogado asegura además que ninguna de las dos patrulleras llevaba a bordo lanchas neumáticas para lanzar al agua, lo que tacha de negligencia. De hecho, solo pudieron arrojar algunos flotadores.
Esa es la misma versión que sostiene el presidente de la Asociación de Ghana en Tenerife, Staphan Davis, quien asegura que sus compatriotas le explicaron que el cayuco volcó tras un choque de la Conde de Gondomar. Davis, que no guarda vinculación con la querella y que ni se atreve a juzgar si lo ocurrido fue una imprudencia o un accidente, acudió al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Santa Cruz de Tenerife, donde los supervivientes fueron recluidos en cumplimiento de la ley de extranjería, para intentar identificar a algunos de los desaparecidos o supervivientes mediante fotografías que le hicieron llegar por internet desde Ghana. Ninguno de los jóvenes de esas fotografías estaba con vida.
La repatriación a Senegal o los traslados a la Península de estos inmigrantes ha sido veloz. En menos de cinco semanas, una treintena de los 48 supervivientes había sido llevada al CIE de Fuerteventura. Otros 13 fueron devueltos a Senegal, mientras que los restantes fueron enviados en vuelos chárter a diferentes localidades españolas. De hecho, 11 de estos inmigrantes se encuentran en Valladolid e insisten en declarar ante el juez porque han perdido familiares y amigos. Además, los últimos cuatro inmigrantes que quedaban en Tenerife fueron trasladados el pasado martes a Fuerteventura y de allí, a Madrid, donde el pasado miércoles fueron puestos en libertad.

ADHESIÓN FRUSTRADA
Lo curioso para Peña es que tenía autorización de esos inmigrantes para sumarse a la querella, pero cuando acudió al CIE con un notario para firmar el poder ya habían sido trasladados. El juez tinerfeño al que le tocó el caso se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, ya que el suceso se produjo en aguas internacionales.