MADRID. El Gobierno busca soluciones al problema de los menores inmigrantes que viven en España sin familia y en situación ilegal, a quienes ahora es imposible repatriar porque las autoridades de algunos países no admiten su devolución al carecer de documentos y de vínculos familiares demostrables en sus lugares de origen. En el enésimo ensayo de posibles soluciones, el Ejecutivo anunció un nuevo acuerdo con Marruecos para el retorno controlado de esos jóvenes y su acceso a una formación educativa y laboral.

Se trata, en la mayoría de casos, de niños y adolescentes procedentes del Magreb y de países subsaharianos que llegan a España en cayucos o a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Tras ser interceptados por las autoridades, son internados en centros de menores tutelados por las autonomías, en los que permanecen varios años hasta cumplir la mayoría de edad. Entonces, reciben una orden de abandonar España, que raras veces llega a ejecutarse.

En otro intento por zanjar esa situación, el Gobierno acordó ayer impulsar un acuerdo con Marruecos para permitir el retorno al país vecino de sus nacionales menores de edad. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que el convenio, que el Ejecutivo ha remitido a las Cortes para su aprobación, incluye un compromiso para favorecer el acceso de esos jóvenes a una educación y una formación que facilite el acceso a un futuro profesional. La ‘número dos’ del Ejecutivo situó «en la precariedad» educativa y laboral «la raíz» del problema.

Los gobiernos español y marroquí expresaron en la Reunión del Grupo de Trabajo Permanente Hispano – Marroquí sobre inmigración, que se celebró en Toledo en julio pasado, su voluntad de agilizar los trámites para el retorno de esos adolescentes. La negociación del acuerdo, no obstante, es anterior y se cerró en Rabat el 6 de marzo de 2007 tras la visita de Zapatero, en la VIII Reunión de Alto Nivel Hispano – Marroquí.

La vicepresidenta explicó que para poner en práctica la iniciativa ya ha comenzado la construcción de dos centros de formación profesional en las ciudades marroquíes de Nador y Benimellal. Fernández de la Vega aseguró que todas las repatriaciones se efectuarán «con la máxima garantía de protección de los derechos del menor» para «reintegrarlos a su entorno social y que tengan un futuro en su país».

El Gobierno se felicitó además por el descenso registrado en agosto en el número de irregulares llegados a España en cayucos, que cifró en un 64% menos que en el mismo mes del año anterior. El Ejecutivo, que recibió los datos con «prudencia» y «precaución», atribuyó el éxito al refuerzo del control de las fronteras marítimas, a la cooperación con los países de origen y a su «política firme de repatriaciones». COLPISA