Hasta tres días haciendo cola en la calle para conseguir un papel que por ley les pertenece. Búlgaros y rumanos son ya ciudadanos de la UE, pero conseguir el certificado que lo acredite se está convirtiendo en Madrid en una odisea que incluye pasar hasta dos noches a la intemperie sobre cartones. Resulta increíble que el Gobierno haya sido incapaz de prever la avalancha que conllevaría la conversión en ciudadanos comunitarios de estas personas, especialmente cuando los rumanos son la segunda colonia extranjera más numerosa en España, con más de medio millón de empadronados. Con todo, esta falta de previsión podría haberse corregido si, ante la evidencia de los hechos, el Ejecutivo hubiese demostrado capacidad de reacción en vez de permanecer impertérrito manteniendo una sola oficina para esta gestión en toda la capital y abierta con horario de verano, de 9.00 a 14.00 horas. Es más, esta oficina no ha dejado a la vez de realizar otro tipo de complejos trámites como el de las cartas de invitación, que antes se cursaban a través de un notario. Para colmo, quienes soportan la espera han tenido que sufrir además un maltrato policial que va desde amenazas racistas a cargas directas con golpes como las que tuvieron lugar el pasado miércoles. En un caso así no se trata de ser humanitario con los inmigrantes, sino simplemente de actuar como debe hacerlo quien gestiona los servicios de un país desarrollado.